La jueza que investiga las dos piezas separadas del «Caso Blasco» por el presunto desvío de ayudas a la cooperación y para un hospital en Haiti se ha topado en la causa con unos viejos conocidos del político Rafael Blasco y el empresario Agusto César Tauroni. Se trata de las empresas de informática con las que ambos solían trabajar a lo largo de las diferentes responsabilidades políticas que ostentó el siete veces conseller, actualmente en prisión.
La titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, Nieves Molina, ha hallado indicios de que los servicios informáticos de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía -después Solidaridad y Ciudadanía- podrían estar amañados durante casi todos los ejercicios que Blasco estuvo al frente de esta cartera: 2008, 2009, 2010 y 2011 (fue nombrado en junio de 2007), según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
La operativa detectada por la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 21 es calcada a la aplicada por el dúo Blasco-Tauroni en Bienestar Social y la Conselleria de Sanidad, cuando estaban dirigidas por el primero. Un total de siete contratos, que sumaron más de un millón de euros, «fueron amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia». Todos fueron adjudicados a multinacionales como Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática. Unas empresas que, a su vez, subcontrataban con las mercantiles controladas por Tauroni o testaferros como Dinamiz-e y S&C Visión y Análisis.
La trama corrupta ni siquiera disimulaba. «Con anterioridad al inicio del expediente ya se conocía que iba a ser Fujitsu la adjudicataria de los servicios requeridos por la Consellería [de Solidaridad] y que estos iban a ser ejecutados en su totalidad» por Dinamiz-e o S&C, asegura la jueza en un auto, que no fue facilitado por el TSJCV. En algunos casos el objeto del contrato suscrito entre las empresas multinacionales y las de Tauroni «no se correspondía con el servicio prestado», según la magistrada. Además, el dinero pagado en estas contrataciones «no eran destinados al objeto del contrato, sino que se empleaban para pagar al equipo humano que Tauroni tenía en la consellería».
Una operativa que el mismo Tauroni repitió con Blasco en Bienestar Social. El empresario estuvo vinculado con Lonerson, una firma «dormida» que logró con Tissat en 2001 la gestión de los centros Mujer 24 horas por 6,7 millones de euros y con la empresa pantalla GCS que también logró varias adjudicaciones de Bienestar Social.
En Sanidad, hicieron entrar en escena a Dinamiz-e que se convirtió en la subcontratista que grandes empresas como Fujitsu o Ibermatica debían contratar para lograr las adjudicaciones, como el Abucasis, la historia clínica electrónica de los pacientes de la sanidad pública. Unas contrataciones bajo sospecha que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia.
