En el año 1971 se incorporaron al cuerpo municipal, concretamente en Madrid y Córdoba, las primeras mujeres policías. Durante cerca de una década éstas tuvieron que aguantar cláusulas discriminatorias como la obligación de ser solteras y permanecerlo durante los años de servicio, no llevar armas y cobrar un sueldo inferior a los hombres por el mismo trabajo. Por fortuna hoy nadie se plantearía ni tan siquiera dichas restricciones y cuando en 1981 la mujer llegó a la Policía Local de Valencia, estas cuestiones habían sido ya superadas. No obstante, todavía quedan rémoras machistas del pasado en este paso lento pero decidido hacia la plena igualdad dentro de las plantillas de policía.

Para tratar este aspecto de la figura de la mujer en un ámbito laboral de tradición masculina y la labor de mediación de las policías locales en una sociedad cada vez más plural y con gran diversidad cultural, la Unió de Comandaments de la Policía Local de la Comunitat Valenciana organizó el pasado viernes unas ponencias en Albal, con la colaboración del ayuntamiento de este municipio, bajo el lema: «Gestión de la diversidad en la Policía».

La jornada, que contó con la asistencia de más de 150 policías locales de distintos municipios de la Comunitat, sirvió para analizar la situación actual, los problemas que se arrastran de años anteriores y las necesidades de los distintos colectivos minoritarios. «Debe de haber una corresponsabilidad por parte de una sociedad que se implique con la problemática de estos colectivos y un nexo con la policía de proximidad que vea cuáles son las necesidades del barrio y las preocupaciones del ciudadano», explicó el juez Alejandro Campos.

Por su parte, Ernesto Gómez, agente de la Policía Local de Valencia y responsable de Gent y Pol, realizó un recorrido por la evolución de las leyes y normativas para combatir los delitos de odio y la discriminación por orientación sexual. Aunque reconoce que en esta última década se ha avanzado mucho todavía queda mucho camino por recorrer en materia legislativa. «La Ley de Seguridad Ciudadana reciente apenas hace mención y en la última modificación del Código Penal tampoco quedan recogidos el insulto o los comentarios homófobos, únicamente se castiga los actos», aseguró Gómez. Así, los estatutos de autonomía están desarrollando una serie de sanciones administrativas para defender la libertad de orientación sexual, religiosa y cultural.

Circunstancias como la narrada por la agente de Paiporta Laura Cervera, quien tuvo que soportar el veto de otra mujer, miembro del tribunal de su oposición, que no quería mujeres policía «porque las violan o se quedan embarazadas», deben ser ya una excepción digna de condena.