13 de octubre de 2016
13.10.2016

La FSP-UGT considera ilegal la subida salarial a los abogados de la Generalitat

El sindicato avisa de que plantará batalla y denuncia que el incremento en la nómina no ha sido negociado

13.10.2016 | 04:15

El sindicato FSP-UGT ha anunciado que presentará batalla contra la propuesta de Presidència de la Generalitat de incrementar el salario de los letrados de la Abogacía mediante la ley de acompañamiento. La medida, adelantada por Levante-EMV, busca mejorar el nivel retributivo de los letrados con el fin de contentar a un colectivo clave para el nuevo Ejecutivo de Ximo Puig y que se constituyó al calor de los gobiernos populares.

El sindicato considera que el aumento salarial está injustificado, ya que las funciones del cuerpo no han cambiado. Además, señalan que el acuerdo se quiere adoptar sin negociación previa, por lo que entienden que podría ser nulo.

El sindicato recuerda que en su momento ya llevó a los tribunales el incremento salarial a los interventores, una medida que implantó el Consell del entonces presidente Eduardo Zaplana. Al órgano de control interno de la Generalitat se le creó un complemento específico para aumentar de forma sensible su salario. Ya entonces el sindicato denunció un intento de comprar voluntades y llevó el acuerdo a los tribunales. Tras años de guerra judicial, logró que el TSJ tumbara la subida e incluso obligara a los altos funcionarios a devolver el dinero cobrado indebidamente. Con este asunto como referente, la FSP cree que no puede tolerarse ahora lo que entiende una operación similar en beneficio de los letrados.

De momento, el proyecto de la ley de acompañamiento está en fase de tramitación. Todavía tiene que ser analizado por el CES y por el Consell Jurídic Consultiu y está por ver si estos organismos pondrán pegas al texto. Además, el texto tendrá que debatirse en las Corts y podrá ser objeto de enmiendas.

Con la propuesta de mejora salarial, Presidencia da satisfacción a una de las reivindicaciones del colectivo de letrados que se queja de la excesiva carga de trabajo por la acumulación de casos (muchos de ellos relacionados con asuntos de corrupción) y la reducción de la externalización.

Ahora bien, la medida ha generado malestar en el ámbito de la Función Pública, ya que otros colectivos consideran injusto que la mejora salarial solamente se aplique a colectivos específicos. Hacienda todavía no ha sentado a los sindicatos en una mesa para negociar el capítulo 1, donde se incluyen los gastos de personal.

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