Los contratos de la Mostra de Valencia no sólo se amañaron en 2006, el único año que se investiga en el caso Taula, sino que las mordidas también se remontan a años anteriores, según declaró ayer ante el juez de Instrucción 18 y el Fiscal Anticorrupción, Marcos Benavent, el exyonki del dinero, tal como confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración.

Benavent compareció ayer para declarar única y exclusivamente sobre los contratos de la Mostra de 2006, el único año que los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían rastreado porque son los que aparecen mencionados en las conversaciones privadas entre Alcón y Benavent que éste último grabó como «un seguro de vida».

Aunque en su declaración de ayer, en la que sólo respondió a las preguntas del juez, el Fiscal Anticorrupción y el abogado de la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Valencia, extendió el presunto amaño de contratos a «años anteriores» a 2006, al menos todos en los que la adjudicataria de los actos fue Thematica Events, una de las empresas de cabecera del PP en la organización de actos.

Thematica Events, creada el 20 de junio de 2002 es propiedad del empresario Rafael García Barat, también imputado en el caso Taula, aunque hasta 2004 estuvo vinculada al también empresario del Grupo Engloba, José Adolfo Vedri, igualmente investigado en esta causa. Y también al mismo Marcos Benavent, que adquirió partipaciones de Thematica Events en 2002 a Vedri y en 2004 a García Barat mediante contratos privados para que el exyonki del dinero no apareciera públicamente.

De hecho, según explicó Benavent ante la Guardia Civil, Thematica Events se crea para «recibir contratos de la Fundación Jaume II el Just así como de otras administraciones, por eso procuramos mantener oculta mi participación, materializándola en un contrato privado». En 2002 Thematica Events y Engloba ya se encargaron de la organización de la Mostra de ese año.

Respecto a los cuatro contratos de la XVII Mostra de Valencia, celebrada en 2006 y a la que asistió Andy García como estrella invitada, Benavent ratificó al juez y al Fiscal Anticorrupción que fueron amañados entre la entonces concejala de Cultura, Maria José Alcón, su asesor Pedro Aracil y él mismo.

El supuesto amaño de los contratos del evento cinematográfico se decidió en una reunión celebrada entre la exconcejal, su asesor y Marcos Benavent el 19 de julio de 2006, que fue grabada por el exyonki del dinero y aportada a la causa por la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, en la denuncia a la Fiscalía de esta trama que presentó en 2014 y el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, que custodiaba las grabaciones en un ordenador de su propiedad.

Benavent también ratificó ayer que la persona que se encargaba de dirigir el desarrollo del concurso para que «la adjudicación del desarrollo de la Mostra de Valencia fuera adjudicado a unas empresas ya predeterminadas era Maria José Alcón» y que él seleccionó a estas sociedades porque «eran conocidos míos». Se trata de las sociedades Universo Selección SL, Begamir SL, Comunicación Gráfica Siglo XXI y Tres Servicios de Marketing y Publicidad SRL con las que Benavent ya había trabajado en la Fundación Jaume II el Just, por lo que creó una especie de cartera de empresas dispuestas a pagar mordidas, y con las que trabajó tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia que dirigió durante siete años.

Al ser preguntado sobre la estrategia de defensa de Alcón y otros investigados en la pieza del pitufeo para alegar un posible trastorno mental de Maria José Alcón, Benavent respondió a los periodistas que «yo creo que no estaba loca. Ahora, los que nos dedicábamos a la política, un poco locos estábamos todos. Si esa es su estrategia y no tiene más argumentos para defender a su cliente más que decir que estaba loca, bueno, yo creo que no lo estaba. Allá ellos».

Por último, el juez ha decidido mantener como investigado en esta pieza separada al empresario José Adolfo Vedri (que había solicitado el sobreseimiento respecto a él) y también ha ratificado la petición de que un arquitecto perito revise el contrato de construcción del centro cultural La Rambleta, que se investiga en esta pieza separada.