El periplo de la ley que sustenta la reactivación del servicio público de radiotelevisión valenciana podría no haber terminado a pesar de que fue aprobada por las Corts y está en vigor desde hace casi tres meses. La norma, pactada por el tripartito, podría acabar recurrida ante el Tribunal Constitucional, principalmente, por los apartados en los que se regula la contratación de personal y se da preferencia en el acceso a los extrabajadores de la extinta RTVV.
Según ha podido saber Levante-EMV la ley está siendo analizada con lupa por la dirección general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Este departamento, que dirige Juan Ignacio Romero y que está adscrito al Ministerio de Hacienda, es el encargado de revisar las normativas autonómicas y proponer, llegado el caso, los recursos de inconstitucionalidad.
Fuentes cercanas a este departamento admiten que la ley valenciana contiene aspectos controvertidos y que podría acabar recurrida ante el Constitucional. El argumento sería que el tripartito obvió los informes jurídicos que alertaban de la posible vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad al otorgar preferencias de acceso a la antigua plantilla de Canal 9. La advertencia quedó reflejada en su día en un informe de la Abogacía de la Generalitat y, posteriormente, en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
El organismo, al que Presidencia de la Generalitat pidió opinión, puso pegas al hecho de que en la contratación de personal, tanto provisional como definitiva, para la puesta en marcha de la tele tuvieran «privilegios» los extrabajadores de RTVV. «La selección de personal laboral de la nueva corporación y la de sus sociedades públicas, sea temporal o definitivo, está sujeta a los principios de igualdad, mérito, capacidad (...) por lo que tales principios deberán tenerse en cuenta en relación con la selección de personal», rezaba el informe del CJC.
Ante las advertencias de ilegalidad, los grupos parlamentarios pulieron el texto y rebajaron los privilegios. Aún así, el acceso preferencial se mantuvo. El apartado 9 de la ley establece que las contrataciones temporales se llevarán a cabo mediante una bolsa de trabajo por méritos, «donde por causa de las necesidades de agilidad, en la puesta en marcha se valorará como mérito diferenciado el haber trabajado en la antigua RTVV, la antigüedad y el que se hubiese accedido al puesto mediante proceso selectivo». Para la provisión definitiva se prevé un concurso oposición «del que formará parte ,dentro de la fase de valoración de méritos, la antigüedad en la extinta RTVV». Además, por ley se da derecho a los extrabajadores que no hayan aprobado la oposición a formar parte de las bolsas de trabajo.
La cuestión de los extrabajadores ha sido una de las más polémicas durante las negociaciones que mantuvieron los socios del Botànic. PSPV y Compromís cedieron a las pretensiones de Podemos, quien más ha apretado para contentar al colectivo de extrabajadores.
El Gobierno tiene menos de una semana para comunicar su decisión al Consell ya que el plazo para presentar el recurso es de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, el 20 de julio. El plazo puede ampliarse a nueve meses si se convoca la comisión bilateral para llegar a un acuerdo con la Generalitat. Aunque en principio la decisión debería moverse en términos estrictamente jurídicos (la Abogacía del Estado suele ser muy estricta con la leyes autonómicas), resulta evidente que existe una lectura política. A los ojos del Consell, el Gobierno estaría recurriendo la ley con la que se quiere abrir la televisión de los valencianos, una acusación de la que tendría que defenderse el PP cuando el horizonte electoral todavía no se ha despejado.
Con todo, este asunto no es el único que preocupa al Ministerio de Hacienda. El impacto presupuestario de la apertura del nuevo ente y su difícil encaje con la ley de estabilidad ha llevado al ministerio que dirige en funciones Cristobal Montoro a interesarse hasta el punto de que, según ha sabido este diario, la televisión ha sido objeto de negociación con el Consell.
Las fuentes consultadas apuntan que el ministerio ha puesto pegas al proyecto y ha obligado a la Conselleria de Hacienda a demostrarle, en el marco de las negociaciones del Programa Económico y Financiero, que podrá asumir el gasto. Según estas informaciones, el acuerdo para no activar la ley de estabilidad en contra de la tele es que la inversión sea mínima, en torno a los 50 millones de euros.
Los puntos débiles y la solución del Jurídic Consultiu
El Jurídic Consultiu concluyó en su informe que el legislador «en su afán de recompensar» al colectivo afectado por los despidos estaba proporciando «una técnica que puede resultar contraria a los principios legales de igualdad, mérito y capacidad en la selección de personal laboral». Y como solución proponía que el proceso de selección incluyera una valoración de méritos que recogiera la prestación de servicios por parte de los aspirantes en entidades dedicadas a radio y televisión, pero siempre que la valoración pueda acomodarse a criterios objetivos y proporcionales» .
