El último conflicto para la puesta en marcha de la nueva Radiotelevisió Valenciana (RTVV) tiene como actor principal al Gobierno (en funciones) de Mariano Rajoy y como argumento fundamental, el trato preferente contemplado a los trabajadores del extinto Canal 9 en la ley aprobada en julio pasado por el Consell. Antes de que la disparidad de criterios derive en un recurso de inconstitucionalidad, el Ejecutivo central y el autonómico han convocado una comisión bilateral para explorar una solución negociada.
Como informó ayer Levante-EMV en exclusiva, el Gobierno en funciones observa con reparos algunos extremos de la ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans (la nueva RTVV). La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, precisó ayer que los artículos en conflicto son tres: el 46, el 46 y la disposición adicional novena.
Esta última es la que recoge ciertas condiciones especiales de acceso para los empleados del Canal 9 que cerró Alberto Fabra. Sucede así en la apertura provisional de la nueva RTVV: está previsto dar preferencia a los ex hasta la provisión definitiva de las plazas.
Oltra aseguró ayer que un posible recurso del Gobierno afectaría sólo a los tres artículos citados y el resto de la ley continúa sin problemas. Con todo, una de las cláusulas impugnadas pone en tela de juicio el comienzo en pruebas de la nueva ente.
Fuentes del Consell remarcaron ayer que la nueva RTVV no está ahora en el aire, si bien admitieron que la actuación de la Moncloa es «una piedra más» en un proceso costoso.
El argumento oficial es que la ley no está recurrida de momento. Y si esta circunstancia se produce, el Ejecutivo de Ximo Puig y Oltra tiene un plan B. Una de las fórmulas que está sobre la mesa, según ha podido saber este diario, es contratar la prestación del servicio a través de terceros, empresas del sector audiovisual.
Oltra y Beteta, cara a cara
El Consell está a la espera ahora de la primera reunión de la comisión bilateral. Por la Generalitat, será la vicepresidenta la que encabece la representación. Por el Gobierno central, le corresponde al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, número dos del ministro Cristóbal Montoro. Pueden delegar, pero no se espera que lo hagan, dada la relevancia del caso. De nuevo, los extrabajadores vuelven a estar en el centro de la polémica en la apertura de la nueva RTVV.
Oltra lamenta la «inquina» del Ejecutivo en funciones
«Claro que nos preocupa la hostilidad del Gobierno de España», respondió ayer Oltra sobre la información de Levante-EMV. «A cualquier Gobierno le preocupa cuando las relaciones institucionales en lugar de basarse en la cooperación, la lealtad y la colaboración se basan en la hostilidad», agregó. Según la vicepresidenta, «para estar en funciones el Gobierno, está siendo muy activo en los recursos a las leyes valencianas». «Parece que tiene cierta inquina a que podamos tener una televisión pública».
