Mujeres, hombres, jóvenes, mayores de 65 años, con hijos pequeños a su cargo, divorciados, familias numerosas y monoparentales, padres que avalaron a sus hijos, hijos que se quedaron en el paro... El drama que vive la familia que «sobrevive» bajo el yugo de un desahucio solo lo sabe quien pasa o ha pasado por lo mismo. Cada día, 41 familias se encuentran en esta situación. Cada día se producen 41 desahucios en la Comunitat Valenciana. Desde 2007, 118.032 desahucios, el 17,5% de las demandas de ejecución hipotecaria que se producen en todo el Estado.

Se sienten indefensos, impotentes. Sin embargo, aún les quedan fuerzas para gritar, para pelar, para defender y para luchar contra "el mayor ataque a la vivienda de nuestra historia reciente". Por eso, a las 15 horas de esta tarde, todas las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de la Comunitat Valenciana se han plantado frente a las Corts Valencianes, para acompañar a los portavoces que comparecen hoy en la Comisión de Participación Ciudadana, en el parlamento valenciano.

Ataviados con camisetas, silbatos, pancartas (y hasta un ataúd), más de 200 personas se han concentrado frente a las Corts Valencianes para exigir, una vez más, una nueva ley "que nos haga avanzar en el derecho a la vivienda". Sobre el papel está en anteproyecto de Ley para la Función Social de la Vivienda. "Es insuficiente porque no va a resolver los problemas de la ciudadanía porque, al final, no se han atrevido a realizar una defensa valiente y la han supeditado a las normas del PP sin ir más allá, por temor a que el marco formal impida enfrentarnos a la propiedad de la banca ya las competencias del Estado", han asegurado los portavoces.

La concentración de hoy tiene por objetivo que la ley recoja al menos, los siguientes aspectos:

- El reconocimiento efectivo y progresivo del derecho subjetivo a la vivienda

- La paralización de todos los desahucios para todas las familias en riesgo de exclusión, con obligación a la banca de ofertar un alquiler social antes del desahucio por ejecución hipotecaria, y con obligación a las Administraciones de evitar el lanzamiento con ayudas y a realojar a todas las familias en riesgo de exclusión antes de cualquier desahucio.

- El rescate a las familias deudoras de buena fe, con medidas eficaces contra las deudas de por vida, verdadera "muerte civil", incluyendo la posible recuperación de la vivienda.

- Movilización de las decenas de miles de viviendas vacías de la banca y creación de un auténtico parque público de viviendas de alquiler social, asumiendo la banca la parte de su responsabilidad en este coste social.

- Garantía de acceso al agua, luz, gas e internet a las familias en situación de exclusión social, y convenios entre Administraciones y empresas de manera que no pueden cortarse los suministros básicos para las familias en exclusión.

- Modificación de la Ley de Consumo para que tenga carácter básico y de especial protección la defensa e intermediación de la ciudadanía en todas estas materias.

"Las PAHs vamos a pedir que el trámite de urgencia, lo sea realmente, para que tengamos la ley a finales de noviembre. El mundo de la política no puede cerrar los ojos a esta situación y se debe intervenir con la máxima urgencia", han asegurado. Por ello, "llevamos ante todos los partidos políticos a comprometerse con el derecho humano y constituciona a la vivienda. No vamos a consentir que se convierta en un rifi-rafe político para no resolver el problema".