El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, desvelaba el jueves ante el tribunal que le juzga la identidad de «Luis el cabrón», el personaje que aparecía en la contabilidad «B» de la trama con una deuda de 72.000 euros y que los investigadores identificaban como el extesorero del PP Luis Bárcenas. Por el contrario, Correa reveló que «Luis el cabrón» hacía referencia a un amigo suyo, Luis Delso, expresidente de la constructora Isolux-Corsán.
Según Correa, su amigo Delso le pidió «el favor» de que le presentara al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, porque realizaba «muchos trabajos en el resto de España pero nunca había conseguido trabajar en Valencia».
La entrevista con Camps se gestionó a través de Álvaro Pérez «El Bigotes», el «amiguito del alma» del exjefe del Consell y que «por aquella época trabajaba en Valencia y tenía relación con Paco Camps», según el relato de Francisco Correa. «Esto es una práctica habitual de las grandes compañías que quieren conocer a presidentes de comunidades para presentar sus empresas», explicó el empresario. E intentó ponerse la venda antes de la herida. «Delso nunca efectuó ninguna obra pública en la Generalitat», se justificó Correa.
En realidad, la empresa presidida por Luis Delso obtuvo ocho contratos de la Generalitat por un valor total que supera los 16 millones de euros, según las resoluciones de adjudicaciones a las que ha tenido acceso Levante-EMV.
Aunque, curiosamente, la aparición más veterana en el tiempo de Grupo Isolux Corsán SA se remonta a 2005 como donante de fondos de la Fundación Jaume II el Just, la entidad llamada a convertirse en la reserva espiritual de las esencias valencianas y que propició la alianza de intereses entre Vicente Burgos y Marcos Benavent, el exyonki del dinero, y su red de cobro de mordidas.
El Grupo Isolux Corsán SA hizo una aportación de 6.000 euros a la Fundació Jaume II el Just, tal como recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe sobre Marcos Benavent y su red de empresas para comprar mordidas. A partir de ahí, se suceden los ocho contratos conseguidos de la administración valenciana, la mayoría de la Conselleria de Infraestructuras cuando estaba dirigida por el exconseller ya fallecido, José Ramón García Antón.
Una filial del grupo, Isolux Wat Ingeniería consigue el 14 de septiembre de 2006 adjudicarse, por 286.379,29 euros, el equipo de tratamiento de tubos y rayos catódicos y trituradora de plásticos de la planta clasificadora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de Nàquera. El adjudicatorio fue la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de resíduos) y presidida por el conseller de Territorio, Esteban González Pons, en el momento de la adjudicación.
A partir de ese año se suceden dos contratos de carreteras y otros dos urbanísticos: la ronda de Xàtiva, adjudicada a Corsán-Corviam por 2,6 millones de euros el 18 de junio de 2008; las obras de mejora de la seguridad en la CV-25 Llíria-Olocau por 788.922 euros en febrero de 2009; la mejora paisajística del bulevar Puig Campana de Aldaia, adjudicado por 441.559,21 euros en 2011 por Infraestructuras, ya en manos de Mario Flores, y obras de urbanización en el barrio de Russafa de Valencia, por 3,6 millones, bajo el mandato de Isabel Bonig.
Corsán Corviam también logró otras tres adjudicaciones en obras hidráulicas de la Generalitat: la estación depuradora de aguas residuales de Ontinyent-Agullent, que le adjudicó la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) en 2009, un colector en Almussafes por 310.629,29 euros en 2009. Y la construcción del instituto Batoi de Alcoi, adjudicado en 2008 por la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras de la Generalitat, también investigada en el caso Taula), que ascendió a 6,5 millones de euros.
