Ocho meses después de que el PPCV se viera abocado a disolver el partido en la ciudad de Valencia y, en su lugar, montar una gestora para capear el temporal de la operación Taula, la nueva dirección ha decidido tomar el mando y empezar a visualizarse como oposición al margen de un grupo municipal copado por concejales imputados. El conflicto sigue sin resolverse ya que los concejales investigados se resisten a dimitir y Génova sigue deshojando la margarita de si atiende o no a la petición de la presidenta Isabel Bonig, y los expulsa del partido, la vía para forzar que salgan de la bancada popular.

El diputado Luis Santamaría, el hombre elegido por Bonig para capitanear la gestora, compareció ayer en rueda de prensa para hacer balance de su gestión y anunciar una nueva fase en la que el objetivo es reforzar la labor de oposición del PP en la ciudad de Valencia «en coordinación» con el grupo municipal, si bien, a preguntas de los periodistas, precisó que su interlocutor será sólo Eusebio Monzó, actual portavoz y el único de los diez concejales no salpicados por Taula.

Santamaría confesó que durante estos ocho meses se había dedicado a labores internas, pero que había llegado el momento de incrementar la fiscalización al Gobierno municipal del Ribó «también desde el partido». La recuperación electoral del PP en el cap i casal constada en las últimas (y consecutivas) elecciones generales, especialmente el 26J con el partido abierto en canal con la investigación a Rita Barberá y a su entorno más cercano, ha convencido a Bonig de que hay que apostar por la capital. Hace ya unas semanas, la lideresa dio instrucciones a Santamaría para que tomara posiciones si bien se intentará ser cuidadoso para no soliviantar a los concejales.

La hoja de ruta pasa por utilizar la estructura del partido para lanzar los mensajes que, en otras circunstancias, recaerían sobre el grupo municipal. De momento, Santamaría, a quien muchos ven como el futuro alcaldable, tomará protagonismo junto con otros colaboradores de la gestora. Preguntado sobre si aspira a dirigir el partido cuando se celebre el congreso local correspondiente, Santamaría tiró de clásicos: «Lo importante es el partido, no las personas», dijo. Eso sí, precisó que espera que el nuevo representante sea elegido por primarias.

En su balance Santamaría dio un dato sorprendente: el número de militantes en el cap i casal: se ha incrementado en 1.500 personas en los últimos meses, muestra, según el diputado, de la fortaleza y la fidelidad de las ideas y valores del PP frente a la propia organización.

La otra cara de la moneda, reconoció, es la situación de las finanzas de un partido con exdirigentes objeto de investigación por delito electoral. Santamaría admitió que la situación económica «no es boyante». De hecho, el PP ha tenido que bajar la persiana de la sede de Marítim y está tratando de conservar la de Trànsits. La gestora ha puesto en marcha un plan de viabilidad que incluye tratar de poner al día a los militantes en el pago de las cuotas. Santamaría expresó su deseo de ser transparente y mantuvo que el partido se ha adaptado a la nueva ley de financiación de partidos, por lo que toda las cuentas bancarias están bajo el control la dirección nacional.