El exgerente de la Fundació Jaume II el Just, Vicente Burgos, imputado en el Caso Taula, aseguró ayer ante el juez y el Fiscal Anticorrupción que «Marcos Benavent era un zombi» en la entidad que él dirigía porque «no iba a trabajar y ni siquiera tenía una mesa asignada» pero cobraba un salario, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración. Burgos añadió que fue «Esteban González Pons quien lo puso» en la fundación «y después se lo llevó a la Conselleria de Cultura. Esteban sabía que, pese a que cobraba de la fundación nunca aparecía por allí».

Sobre su gestión en la fundación, Burgos sí que admitió que se contrataba a dedo, «se buscaban las empresas y se elegía», aunque negó haber cobrado comisiones. Y rechazó tener una red montada junto a Benavent y su exmujer, Maria José Alcón, para el cobro de mordidas tanto en la Jaume II el Just como en el Ayuntamiento de Valencia. «¿Él, conmigo y con mi exmujer de la que me había separado y no nos veíamos nada? Esto qué es, ¿Versalles, que nos llevamos tan bien?... Yo tenía demasiado trabajo para meterme en ese tipo de fiestas», aseguró a los periodistas a la salida.

Respecto a la ausencia de Burgos en las grabaciones de Benavent, quien no le grabó porque dice que «era mi amigo», el exgerente de la Jaume II el Just rechazó haber tenido una relación de amistad con el yonki del dinero a quién sólo conocía por haber coincidido en Nuevas Generaciones del PP. «No me grabó porque no tendría nada que grabarme. ¿Y Rus no era su amigo? ¿Y decide grabar a su padrino político?», se preguntó a sí mismo. Sobre el patrocinio de una empresa presentada por la Gürtel a Francisco Camps, Isolux-Corsán, Burgos defendió el patrocinio «para el que no hizo falta la intervención de Correa, ni Camps».

Sobre los presuntos contratos amañados en el Ayuntamiento de Valencia, dos empresarios investigados, de Cleop y EMR, negaron haber pagado mordidas. Y uno de ellos aseguró que Marcos Benavent se presentaba como «asesor de Cultura» en las visitas de obras. El exyonki del dinero se negó a declarar ante el Juzgado de Instrucción 9 que lo investiga por malversación y falsedad, tras una denuncia de Imelsa.