El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar, dejó ayer la puerta, no abierta, sino más bien entornada a la hora de valorar la petición de Generalitat, ayuntamientos, diputación, empresarios y ciudadanos de que se libere el peaje de la AP-7 entre Castelló y Almenara mientras duren las obras en la variante de la autovía A-7 en la Vall d'Uixó. Ante la fuerte presión que recibe estos días el Gobierno en funciones, Gómez-Pomar, al igual que otros cargos del ministerio, no se atreve a decir un «no» rotundo por respuesta, aunque de sus palabras quedan patentes las dificultades económicas para abrir las barreras de la autopista durante los seis meses que durarán las obras en la autovía.
Gómez-Pomar, en una jornada empresarial en Valencia, sí que dejó claro que Fomento va a «examinar y valorar la conveniencia y el coste» de la petición -unánime en la provincia de Castelló- de desviar el tráfico por la AP-7 mientras duren las obras de rehabilitación de la variante de la Vall d'Uixó. «Una vez examinado, tomaremos una decisión y lo hablaremos con la comunidad autónoma», añadió.
El secretario de Estado de Infraestructuras, al ser preguntado por la petición de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, de circular por la AP-7 sin coste para los usuarios, insistió en la prudencia al comentar que lo principal en estos casos es «valorar la conveniencia, adecuación y el coste» del posible desvío. Con ello, una vez se disponga de esto datos, para los que no ha puesto plazo alguno, «tomaremos una decisión y lo hablaremos con la comunidad autónoma».
Pese a este buena predisposición inicial, Gómez-Pomar subrayó lo complicado que resultará que esta liberalización de la autopista llegue a buen puerto al remarcar que «nunca se ha llevado a cabo la exención de peaje por la realización de obras de larga duración», que es lo que se está pidiendo en el caso de la variante de la Vall d'Uixó.
Sí que ha habido, según recordó el secretario de Estado, casos de bonificaciones o exención de peajes por el desvío de tráfico de camiones en algunas zonas como La Rioja, aunque en éstos ha habido también «una participación financiera de la comunidad autónoma». Algo parecido se plantea en Cataluña, donde se apunta a un acuerdo con la Generalitat catalana para bonificar el desvío de camiones a la AP-7 desde la N-340 por l'Hospitalet de l'Infant.
Así, le lanzó el guante a la consellera María José Salvador al recalcar que esta clase de decisiones «se acometen financieramente entre la comunidad autónoma de turno y la administración del Estado». Asimismo, insistió en la necesidad de atar bien todos los cabos y tomar la decisión más adecuada, «porque no es solo una actuación puntual, sino que sería establecer un criterio de funcionamiento que puede tener una amplia repercusión» de cara al futuro.
Serios perjuicios económicos
Tras estas reflexiones de Gómez-Pomar, desde la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio remitieron un comunicado en el que recordaron al Ministerio de Fomento que «la AP-7 es de su competencia igual que la A-7, donde se están realizando obras de rehabilitación del firme de la variante de la Vall d'Uixó». A juicio de la conselleria, «es paradójico que la Comunitat Valenciana solo se haga visible para el Gobierno central si puede pagar y, mientras tanto, los problemas de los valencianos no existen para Madrid; de hecho, estas obras ocasionan serios perjuicios económicos a los usuarios sin que se haya hecho nada para mitigarlo».
Tras recordar que la carta remitida por María José Salvador al ministro en funciones, Rafael Catalá, aún no tiene respuesta, consideran que «no es moralmente aceptable que se exija al Consell financiar un servicio que es competencia estatal, cuando saben que tenemos hipotecado el presupuesto hasta el 2020 por la mala gestión del anterior Consell y estamos reclamando una financiación más justa para la Comunitat Valenciana».
