El Juez del Supremo que instruye la investigación del caso Taula por supuesto blanqueo de dinero contra la senadora y exalcaldesa de Valencia por el PP Rita Barberá la ha citado como imputada para el próximo 21 de noviembre.
El Tribunal Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo", supuestamente realizadas cuando era alcaldesa durante la última campaña electoral municipal.
Barberá comparece de manera voluntaria para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella, hasta entonces no estará formalmente imputada, o archiva la causa.
En una providencia hecha pública este jueves, Conde-Pumpido cita a Barberá en calidad de investigada para recibirle declaración voluntaria tal y como establece al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debido a su aforamiento.
El magistrado impone en un auto adjunto una fianza de 3.000 euros al PSOE para poder ejercer como acusación popular en la causa y alerta del "serio riesgo de judicialización de la política" que supone que un partido político ejerza de acusación en una causa pena contra una persona que ha militado en un partido contrario.
Conde-Pumpido añade añade que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica "transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política". El PSOE había pedido que no se le impusiese el pago de fianza alguna para ejercer la acusación popular. El auto recuerda que tanto el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.
"Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos. Aunque el magistrado argumenta que esta decisión no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza", indica el auto.
El 13 de septiembre la Sala de lo Penal del alto tribunal abrió una investigación sobre estos hechos, siguiendo el criterio del Ministerio Público, y designó al que fue fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
El Supremo destacó en su resolución que los hechos descritos por el juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez --encargado de la investigación y que envió al alto tribunal la parte de la misma que afecta a la senadora el pasado mes de abril-- bastan para proceder a la apertura de investigación para determinar si son delictivos.
En el escrito, el magistrado implica a la senadora 'popular' por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.
En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear
