A unos les sobra y otros no llegan. La Diputación de Valencia y la Generalitat, de la mano de sus dos vicepresidentas, MªJosep Amigó y Mónica Oltra, han cerrado un acuerdo para trasvasar de una administración a otra el remanente del presupuesto del ejercicio anterior y atender peticiones ciudadanas en cuanto a servicios sociales.
En concreto, se van a destinar cerca de 600.000 euros de la diputación para, de momento, una decena de municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia de Valencia. Se trata de proyectos demandados por los consistorios desde 2012, que cuatro años después todavía no se han llevado a cabo, según fuentes de la corporación provincial. Entre esos municipios se encuentra Cullera, que recibirá cerca de 5.300 € para su residencia municipal de la tercera edad o Alfarb, que se llevará unos 163.000 € para su centro de convivencia.
También recibirán subvenciones el ayuntamiento de Benigànim, con 8.300 euros para su centro de día de personas mayores dependientes, el de Guadassèquies, con unos 4.800 para el equipamiento del centro social; el consistorio de Jarafuel destinará más de 13.700 euros a suministros de la residencia; Llombai, unos 115.500 euros para el hogar de jubilados; Rafelcofer mejorará el equipamiento de centro social con los cerca de 6.000 € de ayuda; Xeresa recibirá más de 29.000 para reformar el centro social; Oliva unos 1.600 para suministros también de sus centros sociales; y Vilamarxant más de 14.100 euros para reformar su club de convivencia.
Según explicaron fuentes de la diputación, estas ayudas podrían variar al alza porque las necesidades «han podido cambiar en estos cuatro años en los que no han sido escuchados por el anterior gobierno». El acuerdo entre ambas vicepresidentas busca evitar duplicidades e ir eliminando las competencias de las diputaciones, en la línea que defiende el actual equipo de gobierno de su final desaparición.
