22 de octubre de 2016
22.10.2016
Jornada

Los administradores piden cambios legales para cobrar deudas en las fincas

El Consejo de Valencia y Castelló organiza un curso sobre el nuevo marco jurídico que exige la profesión

22.10.2016 | 02:33
El Club Mercantil Diario Levante acoge el curso hasta hoy.

El colectivo de los administradores de fincas reclamó ayer en Valencia una reforma amplia de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para adaptarla a la nueva realidad inmobiliaria y social actual. El Secretario Autonómico de Justicia, Ferran Puchades; el presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, José Sales; y el presidente del Colegio de AAFF de Alicante, Eliseo Mogica, inauguraron ayer el 4.° Curso Francisco Brotons, que reúne a más de 250 profesionales colegiados en el Club Mercantil Diario Levante. Este encuentro formativo continúa hoy en el mismo foro y tiene un eminente contenido jurídico este año.

Diversos ponentes de la jornada pusieron de relieve la necesidad de modificar la LPH, a preguntas de Levante-EMV. José Sales subrayó que esta reforma «es importantísima e imprescindible, y desde el Consejo General de Colegios de AAFF de España, se está trabajando en ella». Uno de los aspectos que habría que modificar necesariamente «es todo lo que tiene que ver con la reclamación de cantidades adeudadas por propietarios, para poder acelerar el proceso de cobro y garantizar que lo que se debe, se tiene que pagar», indicó.

En la misma línea se expresó el decano de los Juzgados de Torrent, Gonzalo Sancho, quien afirmó: «Es imprescindible reformar la Ley de Propiedad Horizontal pero no es una tarea sencilla. Sí que ha habido –puntualizó– varios intentos parlamentarios, y desde luego, es necesaria una reforma integral». Eso, en opinión del jurista, «no significa modificar todos las artículos si no reformarlos de forma sistemática, e incluir dentro de la ley los criterios y las prácticas sobre la LPH que adoptan los juzgados para proporcionar seguridad jurídica y propiciar una convivencia más pacífica». «Es necesaria, una norma más extensa y con nuevos criterios», enfatizó el jurista.

El presidente autonómico de los AAFF y el juez de Torrent coincidieron también en el problema de la morosidad. «Uno de los problemas más frecuentes que tenemos –apuntó José Sales– es la gestión de la morosidad como consecuencia de la crisis económica que ha llegado a todas las familias». «Mucha gente ha dejado de pagar y debemos intentar negociar con aquellos propietarios que habitualmente han sido pagadores para que puedan atender la deuda, de forma que la comunidad lo pueda soportar, y por otra parte, que el deudor pueda pagar», remarcó Sales.

El presidente del consejo valenciano recordó que a la hora de reclamar la deuda por impagos «hoy ocurre que sólo es exigible la anualidad corriente más los tres años anteriores» cuando en su opinión «debería ser exigible toda la deuda, o por lo menos, la deuda corriente del año y la de los cinco anteriores», dijo.

Por su parte el juez Sancho subrayó a este diario que por desgracia «lo que más llega a los juzgados son los impagos de cuotas». Como consecuencia de la crisis, «los tribunales estamos inundados por este tipo reclamaciones». Al margen de estas cuestiones económicas, declaró que también abundan «demandas por temas de obras como alteraciones de fachadas o alteramientos de terrazas, sobre todo, cuando hay mala relación entre los vecinos».

El papel del registrador
Durante la jornada de la mañana, también intervino la decana de los registradores de la propiedad de la Comunitat Valenciana, Emilia Adán García, quien explicó que el registro de la propiedad «es clave en la vida de las comunidades de propietarios porque es donde constan los estatutos de las comunidades hasta el punto que sólo vinculan a los propietarios aquellos pactos que constan inscritos en el referido registro». El registrador hace «un juicio de legalidad» de los citados estatutos y excluye «aquellas cláusulas que puedan considerarse contrarias a la ley y perjudiciales para los copropietarios».

Preguntada sobre qué podría hacer la administración por este sector concluyó: «Creo que al nuevo Gobierno hay que pedirle un apuesta decidida por la implantación de las nuevas tecnologías porque de esa manera iremos sirviendo mejor al ciudadano».

Hay que pedirle, matizó, «las sugerencias que podemos hacerle, porque estamos en contacto diario con la realidad en nuestro quehacer, y en definitiva, ello va a redundar en el servicio a la ciudadanía».

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