El exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco se ha referido a la información publicada este domingo por Levante-EMV en la que se informaba sobre la incautación de un teléfono móvil con conexión a internet que habrían utilizado él y su lugarteniente, Augusto César Tauroni.
"Soy un preso ejemplar y no he tenido ningún parte desde que ingresé. Nunca he tenido acceso a un teléfono móvil, por lo que si sus señorías necesitan volver a hablar conmigo, no me llamen porque en el 'chabolo' en el que vivo nunca he tenido acceso a un teléfono", ironizó durante una de sus respuestas a los parlamentarios.
"Rafael Blasco no ha dispuesto en ningún momento de ningún móvil ni directa ni indirectamente. Ni he sido auxiliar de biblioteca", ha dicho. El exconseller, en prisión desde junio de 2015, ha insistido en que es un preso "como cualquier otro" y ha agregado que si la información publicada fuera cierta, hoy no podría tener la comparecencia con las Corts porque estaría en una celda de aislamiento y no es así.
"Estoy en una situación absolutamente normal. Tengo una actitud que algunos califican de modélica y he tenido notas meritorias", ha afirmado desde la "chabola" en la que está, tal y como él mismo ha descrito en otro momento de su intervención.
Por su parte, el propio Tauroni también niega la existencia de ese móvil, según han indicado fuentes de su entorno. El empresario, que fue trasladado a la cárcel de Albocàsser hace alrededor de tres semanas, afirma que jamás ha tenido un teléfono en el interior del centro penitenciario, aunque sí tenía acceso a un ordenador desde la biblioteca que dirigía.
En Albocàsser se encuentra ahora bien, y no ha notado ningún cambio grande con el traslado. También subraya que en el centro penitenciario castellonense le tienen en consideración y lo único que lamenta es la distancia con Valencia, lo que conlleva a su familia a hacer mayores esfuerzos para poder visitarle.
Tauroni solicitó el pasado mes de junio un tercer grado, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se lo denegó al considerar que no concurrían los requisitos exigidos para permitir que el empresario, condenado a seis años de prisión, evolucionase del segundo al tercer grado penitenciario y disfrutase, de este modo, de un régimen de semilibertad.
Además, se consideraba que tenía intereses en el extranjero y se tuvo en cuenta que aún está pendiente de ser juzgado, junto a Blasco, por otras dos piezas del caso Cooperación: el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití y las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011.
