«El entusiasmo de usted al hablar de escándalo y fraude no me impone lo más mínimo. Exija responsabilidades penales si cree que se produjo así», respondió un Rafael Blasco en estado puro a la diputada de Compromís, Mònica Àlvaro, cuando le interrogó sobre los incumplimientos en la construcción de las residencias para mayores que licitó cuando fue conseller de Bienestar Social.

Blasco defendió la «transparencia» y «legalidad» del concurso que impulsó para crear «9.000 plazas de residencia para mayores, era la joya de la corona», al que optaron veinte empresas «y que no recurrió ninguna». Un proyecto que, presumió en varias ocasiones, «fue refrendado mayoritariamente en las urnas», aseguró en respuesta a César Jiménez (Podemos).

El exconseller de Bienestar Social admitió haber mantenido reuniones previas al contrato con los empresarios licitadores, sindicatos y operadores del sector (hasta ahora negado por casi todos los comparecientes) y el cambio de la cláusula de exclusividad que permitió a algunas empresas pasar del tercio de las plazas subvencionadas al cien por cien de financiación. «La cláusula de exclusividad se colocó porque la inversión era de tal envergadura que había que garantizarla», admitió a Blanca Garrigues (PP).

Aunque la locuacidad del exconseller se transmutaba en un esquivo mutismo cada vez que se le preguntaba por la relación de los adjudicatarios de residencias con la financiación ilegal del PP (como los investigados por estos hechos Enrique Ortiz y Vicente Cotino) o el presunto amaño de una residencia citado en el Caso Taula. «No me corresponde contestarlo porque no tengo información desde que estoy aquí. No hablé con Rus», se escudó Blasco. Aunque demostró que, cuando le interesaba, tan desinformado no está. «No será tan malo el proyecto, cuando el actual gobierno mantiene el modelo que implantamos y han pasado del "no es no" para llegar al no, pero sí», asestó en respuesta a Mònica Àlvaro (Compromís). O al exhibir un recorte de periódico que guardaba en una carpeta para justificar que «Oltra ocultó a las Corts el informe de exclusividad de Cotino», defendió tras las preguntas de Concha Andrés (PSPV).

Por defender hasta defendió su honorabilidad en el desvío de ayudas a la cooperación por las que aún tiene dos causas pendientes de juicio. «Nunca ha habido sospecha del equipo de la conselleria, ni sobre mi, de haberse beneficiado del dinero defraudado, como cuenta la sentencia que nos trajo aquí a la cárcel», se ufanó.