Así como la semana pasada todos los grupos parlamentarios en las Corts votaron a favor de una moción de condena a la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), no ocurrió lo mismo ayer en la Diputación de Valencia. Al menos no en los mismos términos. El grupo del Partido Popular había presentado una moción en apoyo a estos agentes, uno de ellos de Puçol, pero Compromís presentó una enmienda a la totalidad para incluir que se condenara «todo tipo de violencia como manera de resolver conflictos».

Esta matización, presentada por el diputado Xavier Rius, no sentó nada bien al grupo popular y en concreto a MªCarmen Contelles, portavoz del mismo. «Nosotros rechazamos todo tipo de violencia, pero estamos hablando de un caso en concreto», señaló la diputada de la Pobla de Vallbona.

Rius respondió que, precisamente, ya puestos a condenar, que se incluyera también el rechazo a las agresiones sufridas el pasado 9 d´Octubre por una pareja de jóvenes homosexuales durante la procesión cívica, así como la paliza que supuestamente propinaron dos sargentos a un joven ceutí la semana pasada.

Ambos grupos políticos se recriminaron «la politización de la condena de la violencia». «Se equivoca de cabo a rabo», lamentó Contelles. «No queremos ser sectarios», respondió Rius.

Finalmente, Compromís se abstuvo en la votación de la propuesta del PP y presentó una moción alternativa, que fue aprobada por unanimidad. Ciudadanos pidió que se condene todo tipo de violencia «se trabaje donde se trabaje», apunte que apoyó también el PSOE. València en Comú y EUPV también respaldaron la moción de Rius.

La fiscalía considera los hechos delito de terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida el pasado día 15 en Navarra puede ser constitutiva de delito terrorista y así lo informó ayer a la juez Carmen Lamela en un escrito en el que señala que este órgano debe ser el competente en la investigación e instó a pedir las actuaciones al juzgado que investiga los hechos en Pamplona.

«Se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública», señala el informe, que insiste en considerar terrorismo lo ocurrido, según la nueva redacción del Código Penal en 2015.

Según la Fiscalía, la agresión a los guardia civiles, uno de ellos de Puçol, estaba «enmarcada dentro de la campaña de hostigamiento que sufren los mencionados agentes en determinadas localidades del País Vasco y Navarra y, concretamente, en el presente caso, en la localidad de Alsasua». El fiscal José Perals alude a la Alternativa KAS y a una de sus exigencias, que es «la expulsión de Euskadi de la Guardia Civil» para justificar su acusación.