La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no quiere que el precio -y por tanto las bajadas drásticas en unos costes que, en principio, son fijos en detrimento de la calidad- marquen qué empresas se adjudican las nuevas plazas de residencias para mayores que van a salir a concurso público, un total de 3.300.
Según anunció ayer la consellera del área, Mónica Oltra, el requisito del precio supondrá un 35 % del total para valorar a las empresas licitadoras en el nuevo concurso abierto para adjudicar estas plazas de accesibilidad y no el 50 % como venía sucediendo hasta ahora. Además se incluirán «cláusulas sociales y antimonopolio».
La convocatoria, abierta a todas las empresas del sector, supone apuntillar el modelo Cotino de residencias que tenía sus días contados desde que el Tribunal Superior de Justicia dictó a principios de año que buena parte de las plazas de dependencia que se estaban concertando eran «contrarias a derecho». La sala de lo contencioso número 5 estableció que se estaban adjudicando en base a una reinterpretación viciada de las condiciones iniciales del contrato que en su día estableció Rafael Blasco con un conglomerado de empresas que, de esta forma, se estaban beneficiando frente a la competencia.
Entre ellas, el 40 % del negocio está gestionado por la firma Centros Residencial Savia, formada por una decena de empresas entre las que está Sedesa, vinculada a Vicente Cotino -sobrino del expresidente de les Corts, Juan Cotino- que la semana pasada se sentaba en el banquillo de los acusados por falsificar documentos para evadir impuesto junto al expresidente del Consell, José Luis Olivas.
Todavía no hay fecha para la convocatoria del concurso aunque fuentes del sector lo estaban esperando más pronto que tarde. Ayer, en su comparecencia, la consellera adelantó que a principios del año próximo estas vacantes estarían ya «concertadas» por lo que la apertura del proceso no debería demorarse.
Oltra reconoció, por otra parte que la sentencia del TSJ no se estaba ejecutando al completo ya que las plazas que habían sido adjudicadas de forma irregular estaban ocupadas -2.158 en concreto- y no se iba a desalojar a estos mayores aunque «cuando vayan vaciándose no se cubrirán».
Cerca del domicilio
La adjudicación de estas plazas de accesibilidad forma parte del proyecto de reordenación del sector, en el que hay en lista de espera cerca de 3.400 personas según las cifras aportadas ayer. Oltra pretende que el mayor o dependiente pase a ser el centro del sistema y, por ello, el objetivo es incrementar los recursos asistenciales con nuevas plazas y recursos para intentar que las personas que necesiten estar en una residencia, lo hagan lo más cerca de su domicilio.
Bajo el nombre de «Queda't a prop», el objetivo es reforzar las plazas disponibles tanto abriendo el mercado como construyendo nuevas residencias (todavía sin cuantificar) o incorporando a la cartera de recursos públicos aquellas que ya están en funcionamiento pero bajo la gestión de entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que ahora reciben subvenciones. Esta vía, ya adelantada en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2017 supondría concertar las 1.363 plazas que ahora gestionan entidades de iniciativa social y aparcar las subvenciones públicas que ahora reciben. Esta nueva forma de trabajar permitiría «incrementar la estabilidad y reducir la burocracia», según puntualizó ayer Oltra.
Otra de las patas del plan «Queda't a prop» es poner en el mercado aquellas plazas impulsadas por ayuntamientos o diputaciones que están durmiendo el sueño de los justos por falta de dinero de la conselleria para concertarlas a través del bono residencia. De hecho, Oltra recordó ayer que la última residencia pública que se puso en marcha fue La Florida, en Alicante, en 1997. De esta forma, la vicepresidenta cree que se ganarán 547 plazas en centros de día y 137 en centros diurnos.
Otra de las iniciativas de la conselleria es, tal como adelantó en su día Levante-EMV, aportar dinero a las familias para pagar residencias privadas a los dependientes que no puedan tener una plaza pública adecuada cerca de su domicilio, en un radio de 20 kilómetros.
En la actualidad hay 10.508 personas en residencias sostenidas con fondos públicos y 3.196 que reciben una ayuda para pagar la residencia, aunque existe una lista de espera de 3.400 personas que están a la espera de poder entrar en una y no han podido hacerlo por la falta de infraestructuras en este ámbito.