El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye la causa por el accidente de meetro en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, ha ordenado investigar las presiones denunciadas la pasada semana por el subdirector técnico de Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) durante su comparecencia como perito, por si éstas pudieran ser constitutivas de un delito de obstrucción a la Justicia.

La magistrada estima así la petición formulada por una de las defensas después de que el perito revelara que, antes de emitir el informe pedido por el juzgado sobre si Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cumplía la normativa de prevención de riesgos laborales en la fecha del siniestro, alguien le dijo que "tuviese cuidado".

A preguntas de los abogados, el perito detalló que el pasado mes de mayo, una semana después de realizar el citado informe en el que descarta infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, fue destituido como subdirector de Invassat, organismo dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana.

Tras esta declaración, el letrado de uno de los imputados solicitó a la titular de Instrucción 21 que dedujera testimonio y se investigaran las presiones denunciadas. La Fiscalía no se opuso a tal solicitud. Ahora, la jueza estima la petición del abogado y remite los hechos al decanato para que asigne el caso al juzgado de instrucción que corresponda por orden de reparto.

Será ese juzgado el que valore si las presiones denunciadas por el perito durante su declaración ante la titular de Instrucción 21 revisten carácter de delito y procede investigarlas.