Presidencia de la Generalitat consumó ayer el golpe de mano en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con la toma de posesión de los tres consejeros nombrados a propuesta del Ejecutivo que preside Ximo Puig el pasado viernes. El acto, celebrado de forma precipitada en el Palau, era necesario para hacer efectiva la salida de los consejeros nombrados en su día por el Consell popular cuyo mandato había expirado el pasado mes de septiembre, entre ellos, el de Vicente Garrido, hasta ayer presidente. Garrido, que llevaba al frente de la institución trece años, es amigo íntimo del expresidente Francisco Camps (miembro nato del CJC) y en cierto modo su mentor en el terreno jurídico ya que dirigió su tesis sobre modelos electorales.
Su salida era un hecho, ya que había consumido el tope máximo de mandatos, pero al final el previsible cese de trámite se convirtió, al menos a efectos de imagen, en una destitución con carga de profundidad. Históricamente, el CJC se ha renovado en bloque cuando han expirado los mandatos, tal como admitió ayer el consejero José Díez, presidente en funciones.
El nombramiento de los tres representantes a propuesta del Consell el pasado viernes ya pilló por sorpresa al Jurídic porque los partidos aún no han pactado el nombre de los tres representantes que se renuevan vía Corts. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, anunció los nombramientos y ceses en la misma rueda de prensa en la que visualizó su descontento con los serios reparos que el organismo había puesto a su ley sobre identidad de género. El malestar de Oltra con un dictamen que ponía en solfa su iniciativa legal precipitó una renovación exprés que, con todo, se ha quedado a medias por la falta de acuerdo político para los otros nombramientos. Sólo entonces, cuando estén elegidos los seis miembros y, por decreto de Puig, se designará la presidencia, una plaza en principio reservada para Margarita Soler, la única que repite en el Jurídic.
Por lo pronto, lo atropellado del proceso hizo que la propia Soler y los nuevos fichajes (Asunción Ventura y Faustino de Urquía) salieran ayer del Palau para aterrizar directamente en el pleno del Jurídic que debía dictaminar la compleja ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017. Aunque Oltra puso rostro y voz el viernes a la incomodidad que le producía la permanencia de Garrido, la decisión no podía tomarse sin el concurso de Presidencia. Las fuentes consultadas admitieron que, pese a la buena relación institucional de Garrido con Puig, su vinculación a Camps ha pesado más que mantener las formas.
El Jurídic no sólo ha puesto objeciones en este tiempo a la ley de Oltra. Ha hecho observaciones esenciales a normas importantes, como la de la nueva RTVV. Sin embargo, también echó un cable a Puig al avalar su recurso al Constitucional por la infrafinanciación.
En el bipartito ayer había división de opiniones entre quienes aplauden al Consell y quienes piensan que la operación ha sido innecesaria ya que perjudica la imagen de un órgano consultivo que aspira a la independencia. Estas voces creen que debía haberse acelerado la negociación en las Corts (ayer ni siquiera había comenzado) para una renovación completa. En el PP lamentaban ayer las formas, ya que Presidencia no llamó a Garrido para avisarle de sus planes.