La jueza del accidente del metro pide investigar las supuestas «presiones» que recibió el exsubdirector del Invassat (Instituto valenciano de seguridad y salud en el trabajo) que ha realizado varios informes sobre el accidente del metro (favorables a las tesis de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) y que fue cesado de su cargo el pasado mes de junio.

La titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, que en diez años de instrucción del accidente con 43 fallecidos se ha negado a investigar el borrado intencionado de la caja negra del tren más afectado en el siniestro, la desaparición del libro de averías o deducir testimonio por falsedad contra algunos testigos, sí que quiere profundizar en las presuntas presiones que recibió el exsubdirector del Invassat y presidente del Colegio de Ingenieros Industriales, Salvador Puigdengolas, al elaborar un informe sobre el accidente del metro. La misma jueza también pidió imputar a la doctora del SAMU que contradijo en las Corts los informes oficiales sobre dónde se encontraron los cuerpos del maquinista y la interventora fallecidos el 3 de julio.

Puigdengolas compareció como perito el pasado 20 de octubre. A preguntas de la letrada de una víctima, el ingeniero aseguró que «a la semana de emitir su informe» sobre FGV fue «cesado» en el Invassat, aunque «se reservó» responder si su cese tuvo relación directa con el informe -incorporado a la causa en marzo- y que concluía que «no ha existido infracción alguna de la normativa de prevención de riesgos laborales» en FGV antes del accidente del metro. Puigdengolas sí que respondió al abogado del exdirectivo de FGV, Francisco García Sigüenza, que cuando elaboró este último peritaje «recibí indicaciones de que "tuviese cuidado"», sin decir por parte de quién. Ante estas manifestaciones, el abogado de cinco directivos y ex directivos de FGV solicitó que se dedujese testimonio por la posible comisión de un delito de obstrucción a la justicia. La Fiscalía no se opuso a esta petición, si lo pedían las partes, por lo que la jueza ha decidido remitir la declaración del perito al decanato para que decida qué juzgado investigará la «posible comisión de un delito de obstrucción a la justicia», según la providencia de la jueza del metro.