El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, afirmó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz favorece «a las élites y a las eléctricas».
«Una vez más, la Justicia es ignorada por algunos tribunales de justicia, al favorecer a las élites y a las eléctricas a costa de agravar la situación de las personas que peor lo pasan y desentenderse de la más elemental responsabilidad social de las empresas», denunció el responsable sindical.
De acuerdo con el sindicato, es «inaceptable» que España, que cuenta con «una de las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europea», asista a «una nueva vuelta de tuerca» para «hacer más difícil la vida de las personas en situación de pobreza energética».
Por su parte, UGT considera necesario establecer una nueva regulación que asegure el acceso a la energía a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas y subraya que el coste del bono social eléctrico no puede recaer sobre los ciudadanos.
Tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre la financiación del bono social, UGT asegura que este bono es una cuestión de justicia social y que su coste, en ningún caso, debe recaer sobre los ciudadanos.
UGT demanda una regulación normativa que asegure el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas, evitando en todo caso el corte de suministro por falta de pago, señala en un comunicado.
Por último, el nuevo presidente de Enerclub, Borja Prado defendió una revisión del modelo para que la ayuda esté «bien repartida».
Según dijo, las compañías ya están desarrollando iniciativas para combatir la pobreza energética mediante acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos. Cito el caso de Endesa, que ha trasladado a los grupos políticos una propuesta concreta.
