El Consell ha aprobado hoy, en su reunión semanal, un recurso contra el Real Decreto 310/2106, normativa que regula las características generales de las pruebas de evaluación final de Educación Secundaria y Bachillerato.

Desde la Conselleria de Educación se remarca que, siempre dentro de la normativa vigente, el objetivo ha sido minimizar los efectos negativos de la LOMCE, ley que implantaba las reválidas en el sistema educativo.

El Consell ha justificado la decisión de recurrir el decreto que regula las reválidas por razones tanto pedagógicas como prácticas. Obtener un resultado negativo en estas pruebas implica, según el Real Decreto, la no titulación del alumno, dejando sin validez los resultados obtenidos a lo largo de toda la etapa, con lo que se relega a un único momento la valoración de todos los aprendizajes adquiridos de manera progresiva.

Por otra parte, añaden fuentes de Generalitat, las pruebas están claramente orientadas hacia los contenidos, lo que contradice las finalidades de evaluación recogidas en la normativa, cuyo propósito es medir el grado de adquisición de competencias y objetivos generales de la etapa.

Asimismo, en el recurso se hace referencia a los elevados costes de la realización de las pruebas, dado que son externas y existe una gran cantidad de pruebas que se han de diseñar, coordinar, aplicar y corregir. En el caso valenciano, y teniendo en cuenta el número de alumnos, centros, pruebas, tribunales y comisiones, los gastos se estiman en cerca de 950.000 euros, cantidad aún más insostenible cuando este curso las pruebas ni siquiera tendrán consecuencias académicas, algo que lleva a presuponer un alto porcentaje de no participación del alumnado.

Por último, también hay que tener en cuenta la paralización organizativa que supondría la aplicación de las pruebas (se calcula que habrá unos 2.000 profesores implicados durante cinco días en la realización de éstas, cifra que aumentaría en el momento de la correción), además de su incidencia en el calendario escolar.