La reunión de subsecretarios previa al pleno del Consell de hoy ha acordado dejar en suspenso la aprobación del decreto para la creación de una nueva red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito, un plan en el que trabaja desde hace meses el equipo de la consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, y que era una especie de joya de la corona para este departamento.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer durante la sesión de control en las Corts que el pleno del Consell de hoy daría luz verde a la nueva red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Sin embargo, el pleno no la aprobará hoy ya que, según las fuentes consultadas, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, prefiere que este plan se presente en otra fecha para darle más realce. La Conselleria de Justicia ya anunció días atrás que ultimaba el proyecto y que lo presentaría en breve. Desde el departamento que dirige Gabriela Bravo se había puesto especial énfasis en la necesidad de superar el anterior modelo de red de oficinas de atención a víctimas de los años del PP y Bravo se había implicado especialmente. Pero el decreto queda ahora paralizado y su aprobación, de momento, sin fecha. Fuentes de la vicepresidencia señalaron que se aplazaba por cuestiones técnicas.
Fricciones en el Consell
Con todo, la decisión pone de manifiesto otro roce entre la vicepresidenta del Consell y responsable de las políticas de Igualdad y una consellera socialista, en este caso Bravo, como ya ocurrió meses atrás con la responsable de Sanidad, Carmen Montón, a quien Oltra reprochó la contratación de su pareja en la firma pública Egevesa, que la titular de Sanidad había defendido.
La consellera Bravo aseguró días atrás que la renovación de la red de oficinas era «imperativa» para el Consell del Botànic porque en los últimos años los recortes afectaron al sistema público de protección a las víctimas, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.
El 80 % de atendidos, mujeres
La red de oficinas presta atención a casi 20.000 personas al año, de las cuales, el 80 por ciento son mujeres. Además, el 47,8 por ciento de los delitos denunciados para los que se requiere asistencia están relacionados con la violencia de género.
El plan estrella de Bravo en esta cuestión supone que la gestión de la atención a las víctimas del delito la asuma la propia Conselleria de Justicia.
La nueva red tiene intención de ser especialmente sensible con los casos de violencia doméstica y machista. La red de oficinas sustituirá a la antigua Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (Favide), que el PP promovió durante sus años en el Consell, aunque al final del último mandato recortó su número de forma importante. Ahora, el nuevo proyecto de la Conselleria de Justicia permitirá dar cobertura a personas afectadas por un acto delictivo, tanto durante el proceso judicial como a su conclusión y, en especial, la ayuda psicológica o social que pudieran precisar.
