Entre unos presupuestos de subsistencia y otros que puedan acomodar el programa social del Botànic y ningún conseller salga trasquilado; el Consell de Puig ha optado por lo primero; eso sí, después de un tenso debate de por medio en el seno del bipartito. Las cuentas de 2017, las segundas del Ejecutivo de izquierdas, vuelven a dar esquinazo a la política de austeridad del Ministerio de Hacienda y subirán un 3,3% (al pasar de 17.155 a 17.724 millones de euros), aunque en la práctica el incremento del gasto del que se beneficiarán los consellers será mayor. Un 7% si se atiende al gasto no financiero (que no incluye la refinanciación de vencimientos de deuda) ya que este asciende a 14.264 millones frente a los 12.591 de 2016. Descontando el incremento en intereses de la deuda (un 40% al acabarse el interés cero del FLA), el Ejecutivo dispondrá de 550 millones más respecto al año pasado, un 6% más.

La inyección de fondos permite que, a excepción de Sanidad (con una 3% de subida), todos los departamentos crezcan por encima de la media. De forma más espectacular aumenta el de Presidencia (20%), principalmente por el fondo para los ayuntamientos; Hacienda (16%), por la inversión de 71 millones para la administración digital, y Economía (9%), una de las grandes apuestas de estas cuentas que capta fondos para su política industrial. Las conselleries ‘sociales’ también ven engordar sus cuentas. Porcentualmente, crece más la vicepresidencia y conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra (7%), seguida de Educación que tendrá un 5% más y un colchón para cumplir con su promesa de acabar con los barracones. El servicio de la deuda, sigue siendo la ‘tercera conselleria en gasto’ si bien decrece un 5% gracias a que habrá menos vencimientos de deuda, lo que permite liberar 381 millones.

Y es que los presupuestos aprobados ayer (los consolidados al sumar el sector público ascienden a 18.916 millones, un 2,9% más) reactivan incluso la inversión, uno de los capítulos que lleva años olvidado. En 2017 entre inversiones directas e indirectas habrá un 35% más, 254 millones, de los que buena parte irán a construir colegios. Las subvenciones crecen un 7% y los gastos de funcionamiento, un 4,9 hasta alcanzar los 3.321 millones de euros, un incremento que el Consell justificó en el esfuerzo por aflorar el gasto real, sobre todo en Sanidad, que seguía infradotado en 2016.

En términos generales, el Consell cuantificó el gasto social en 11.982 millones, el 85%. Según estas cuentas, cada día se destina 32 millones frente a los 28,5% del último año del PP en el Consell.

El talón de Aquiles de estas cuentas sigue estando en los ingresos y su principal amenaza reside en un Gobierno central comprometido con la austeridad y que volverá a ser presidido por Mariano Rajoy. «El conseller Soler ha sacado petróleo de donde no había», dijo de forma gráfica la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en una comparecencia al alimón en la que ambos se esforzaron en escenificar su buena relación. Un gesto con el que también se trataba de sellar la paz tras las duras negociaciones de estas semanas en las que la vicepresidenta apretó para evitar unas cuentas excesivamente restrictivas.

El problema es que, como ha ocurrido este año, buena parte del programa social, se sostiene en la partida de ingresos de 1.327 millones, sobre la que no hay garantía de cobro, pero que permite cuadrar las cuentas en el 0,5% del déficit que exige Madrid. Es la partida «reivindicativa» o «ficticia», según la oposición, de la infrafinanciación que regresa al presupuesto a pesar de que este año Hacienda se vio obligada a eliminarla del programa económico y financiero negociado con el Ministerio de Hacienda. Este documento de ajuste, que tal como informó este diario se comprometía a congelar el gasto en 2017, será reelaborado, pero cabe recordar que es el salvoconducto para seguir accediendo a los fondos del rescate.

Y este es el drama que sigue sin resolverse. Soler admitió que si falla la partida, habrá más déficit (prevé un 1,4% en 2017), pero el problema es que el Ministerio de Hacienda tiene la sartén por el mango ya que, como pasó en 2016, puede bloquear la ayuda del FLA y forzar al Consell a un tijeretazo. «¿Teme la reacción del ministro Montoro a estas cuentas?», le preguntó un periodista en alusión a unas cuentas que incluso recogen una partida de 55 millones para abrir la televisión autonómica. «Son presupuestos reivindicativos», exclamó Soler en tono desafiante. «Montoro no puede intervenir en nuestra política», clamó el conseller que calificó de «escándalo» los condicionantes que a diario pone el ministerio a su conselleria: «Es una recentralización», se lamentó.

Con todo, los presupuestos de 2017 no solo se fían a una mejora de la financiación autonómica. Soler destacó que han dado portazo a la congelación por la mejora de la economía. Así, el cuadro macroeconómico que acompaña los presupuestos recoge un crecimiento del PIB del 5,5% en la Comunitat Valenciana (una décima mas que en España) y un aumento de empleos del 2,5%.

En los ingresos, el Consell se beneficiará también del incremento de las entregas a cuenta y la liquidación del modelo que suman 9.568 euros frente a los 9.098 de este año, un incremento del 5%. Sin embargo, Soler subrayó que esos 470 millones de más son insuficientes al recordar que la comisión de expertos en financiación determinó que para llegar a la media del gasto por habitante, la Comunitat Valenciana necesitaría unos ingresos adicionales de 2.464 millones.

Por capítulos, en el presupuesto de ingresos destaca el incremento del 20% en impuestos directos (consecuencia de la liquidación de hace dos años del IRPF) y la caída de la recaudación por tasas (un 15%). Como ya ocurrió en los presupuestos de este año, la previsión de hacer caja por venta de patrimonio (la partida ficticia de los gobiernos del PP) queda reducida a su mínima expresión.

Menos beneficios fiscales

En cuanto a la recaudación vía los tributos propios, destaca el incremento del 39% en sucesiones que liberará casi 69 millones para el gasto o el 8% del impuesto del ladrillo (transmisiones patrimoniales) que supera la barrera de los 1.000 millones. Las consecuencias de la reforma del IRPF no se reflejan en este presupuesto. El tijeretazo en el apartado de beneficios fiscales es claro. El perdón a los impuestos se queda en 407 millones frente a los 1.230 del año pasado.

El conseller Vicent Soler destacó que eran los presupuestos de la reconstrucción social y económica, mientras que Mónica Oltra subrayó que los de 2016 se centraron en las emergencias y las urgencias sociales y los de ahora concentran los esfuerzos en cambiar el modelo productivo.