El Consell que preside Ximo Puig quiere abrir una negociación con el Ministerio de Hacienda que le permita convocar a partir de 2017 amplias ofertas de empleo público sin el corsé de la tasa de reposición que, al menos formalmente, ha vuelto a plasmarse en los presupuestos de la Generalitat del próximo año. La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, comunicó hace un par de semanas a los sindicatos su intención de abrir un diálogo en el mes de noviembre con Hacienda para que, de forma excepcional, se permita a la Comunitat Valenciana que genere nuevo empleo público suficiente para afrontar el problema estructural del envejecimiento de la plantilla.
Fuentes de la conselleria admitieron que los planes del Ejecutivo de rejuvenecer el personal pasan por que Madrid abra el grifo y les libere de la tasa de reposición que les impide crear nuevas plazas. De hecho, en el proyecto presupuestario de 2017, el Consell se ha visto obligado a incluir la misma tasa de reposición que fijó el Gobierno central el año pasado. Esto significa que salvo en los sectores considerados prioritarios como Sanidad, Educación y Bienestar Social, el Consell sólo podrá convocar el 50 % de las plazas que quedan libres por jubilación del funcionario.
Esta limitación, que lleva años en los presupuestos, ha impedido que durante años el Consell convocara ofertas de empleo público. Las OPE han sido exiguas y la consecuencia, tal como alertaron los sabios en su informe sobre la Función Pública, es un plantilla envejecida. En la próxima década se jubilará la mitad del funcionariado.
La situación es crítica ya que a la Generalitat a corto plazo sólo le quedan dos opciones: o echa mano del personal interino, lo que agudizaría aún más la tasa de temporalidad en la administración, que supera el 30 %; o se ve abocada a bajar la persiana en algunos servicios por falta de manos.
Ante esta situación, que tanto los responsables de la administración como sindicatos consideran muy preocupante, el Consell quiere que el Gobierno central le eche un cable.
La idea es plantear al Ministerio de Hacienda la situación de excepcionalidad y conseguir autorización para gestionar varias OPE en lo que queda de legislatura.
Según los cálculos de los sindicato, de aquí en adelante el Consell tendría que sacar al menos 1.000 plazas cada año para no adelgazar aún más su plantilla, una cifra que supera con creces las plazas que está en disposición de ofertar si sigue con el yugo de la tasa de reposición.
Por lo pronto, las OPE actualmente en vigor, las de 2015 y 2016, permitirán la creación de tan sólo 480 nuevos empleos y solo afectarán a determinados colectivos.
Plan de recursos humanos
La conselleria que dirige Bravo trabaja en un plan de recursos humanos para detectar aquellos sectores donde haya un claro déficit estructural de funcionariado. La consellera trasladó también a los sindicatos que este mes de noviembre los convocará de nuevo a una reunión en la que les dará cuenta de sus conversaciones con el Gobierno central y les dará detalles sobre el anunciado plan de consolidación de empleo entre interinos.
En principio, estos procesos de consolidación no chocan con la limitación de la tasa de reposición ya que, aunque se trata de oposiciones abiertas a todos los ciudadanos, afecta a plazas que están ya cubiertas, por lo que no supone incremento del capítulo 1.
Las fuentes consultadas indicaron que el Consell no necesita el permiso del Gobierno central para lanzar su plan de consolidación de interinos ya que está amparado por el Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP) y no choca con la ley de estabilidad presupuestaria.
Ahora bien, en el Consell son conscientes de que las cuentas del Consell están bajo vigilancia del Ministerio de Hacienda y que en el despacho que todavía ocupa en funciones Cristobal Montoro saltan las alarmas cada vez que el Consell toma una decisión que suena a incremento de gasto.
Montoro, ¿sí o no?
Cabe recordar que, tal como vanzó este diario, el ministerio ha puesto pegas a la ley para abrir RTVV porque la previsión de contratación de personal laboral para la nueva corporación choca con la tasa de reposición de los presupuestos generales del Estado. El asunto tendrá que abordarse en la comisión bilateral entre ambas administraciones constituida para evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
La posibilidad de que el Gobierno central recurra también una eventual ley para sacar a oferta plazas que nunca han sido convocadas existe, por lo que el principal reto del departamento que dirige Bravo es atar jurídicamente sus medidas.
Las conversaciones, con todo, tendrán que esperar a que se forme Gobierno y Rajoy desvele quien será a partir de ahora el interlocutor en Hacienda.
