Casi 250 colegios de la provincia de Valencia requieren de obras de mantenimiento, según ha documentado la Conselleria de Educación. Un mapa escolar que revela deficiencias y necesidades que la Generalitat no siempre puede cubrir con sus presupuestos. A inicio de este año se hizo un llamamiento a los ayuntamientos de estos municipios para que colaboraran con estos trabajos de conservación, consistorios por lo general asfixiados económicamente que han recurrido a la Diputación de Valencia para que sufrague estos gastos.
Se trata de centros educativos de primaria que dependen de los ayuntamientos de las localidades donde se encuentran, ya que el mantenimiento y conservación de los mismos es una competencia compartida entre la Generalitat y los consistorios, dependiendo del alcance y gravedad de las incidencias en las infraestructuras escolares. Se calcula que en dos de cada tres colegios de la Comunitat Valenciana que requieren atención (436) las actuaciones a realizar son puntuales.
Estas competencias compartidas han supuesto históricamente siempre una fuente de conflicto para los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones no pueden hacer frente a estos gastos. Ahora, la diputación, en coordinación con la conselleria que dirige Vicent Marzà, va a destinar por primera vez una partida de 75 millones de euros que se distribuirán directamente entre las localidades que lo necesiten para acometer estos trabajos.
Según informaron a Levante-EMV fuentes de la corporación provincial, el presupuesto se repartirá por los casi 250 municipios en función de la urgencia de las obras. El plan de mantenimiento de infraestructuras educativas pretende constituirse como un plan de conservación de los centros educativos de infantil y primaria priorizando en función de los criterios técnicos de la Dirección Territorial de Educación.
El próximo día 9 tendrá lugar la reunión entre el conseller Marzà y la vicepresidenta de la diputación, Maria Josep Amigó. El objeto del encuentro es cerrar los detalles de este plan y establecer el orden y prioridades de cada centro para que la corporación pueda transferir cuanto antes, con cargo a los presupuestos de 2017, los recursos suficientes para estas tareas de mantenimiento.
Los ayuntamientos serían quienes llevarían a cabo la contratación de las obras, de manera que el plan «servirá también para dinamizar económicamente los municipios», detallaron las mismas fuentes. En ese mismo encuentro se determinará la temporalidad de los pagos para establecer si se transferirán los fondos en uno, dos o tres años.
Fondos de las diputaciones
No es la primera vez que la Diputación de Valencia destina fondos para llegar donde no lo hacen los presupuestos de la Generalitat. Una práctica que quieren extender ambas instituciones, gobernadas por los partidos del Botànic, en la línea de subsanar la «infrafinanciación» de la Generalitat y, a su vez, ir vaciando de competencias las corporaciones provinciales de cara a una futurible desaparición. Como señalan desde la entidad de Valencia, «se trata de coordinarse para trasferir fondos a programas del Consell y evitar duplicidades».
En este sentido, en las cuentas autonómicas de 2017 presentadas la semana pasada, se contempla por primera vez un fondo de cooperación municipal que ha soliviantado los ánimos de las diputaciones de Castelló y Alicante, ambas gobernadas por el Partido Popular. Las dos corporaciones se quejaron de las aportaciones que tenían que hacer a esta partida, dotada de 70 millones. Está previsto que 30 millones los ponga la Generalitat, mientras que los otros 40 corren a cargo de las diputaciones, aunque el Consell se plantea igualar esa cantidad. La Diputación de Valencia aporta 22; la de Alicante, 12 y la de Castelló, seis. Se trata de fondos que no tienen carácter finalista y que se distribuirán con criterios objetivos, de forma que cada ayuntamiento conocerá el importe con anterioridad para incorporarlo a su presupuesto.
La diputación de Valencia también ha transferido 17 millones para infraestructuras para personas mayores y dependientes.
