02 de noviembre de 2016
02.11.2016

Sanidad choca con la red clientelar del fabrismo en el Hospital Provincial de Castelló

Los errores de la conselleria en la negociación con los sindicatos de 17 despidos solapan las acciones correctoras y las inversiones de futuro en el centro

02.11.2016 | 08:39
Sanidad choca con la red clientelar del fabrismo en el Hospital Provincial de Castelló

En octubre del año 2003 Carlos Fabra como presidente de la Diputación de Castelló y Vicente Rambla como conseller de Sanidad firmaban un convenio por el que se emplazaban a la creación de un consorcio que dotara de una nueva entidad jurídica al Hospital Provincial de Castelló.

Su creación en 2004 dio inicio a una etapa de desarrollo del centro hospitalario, el cual fue utilizado por Carlos Fabra y el Partido Popular para tejer una red clientelar a todos los niveles. El propio Fabra se jactó de no saber «ni a cuánta gente habré colocado», y muchos de ellos fueron en el Provincial.

El incremento millonario del presupuesto para el centro no fue nunca contradicho por la conselleria y a través del consorcio fueron apareciendo obras de ampliación, un nuevo aparcamiento subterráneo y un edificio anexo con aulario para una universidad privada, entre otros proyectos.

Además, se firmaron convenios con entidades sociales concretas que ayudaban a gestar lo que se dio en llamar «voto cautivo». Al mismo tiempo el centro se convertía en una referencia en el tratamiento de enfermedades oncológicas.

El flujo de gasto incontrolado creó un déficit estructural de 10 millones de euros por año, al que se añadió una auditoría en 2012 que reveló opacidad en las cuentas, en las contrataciones y deudas con Hacienda y Seguridad Social. Las irregularidades llegaron al punto de que entre 2010 y 2013 algunos médicos utilizaban los quirófanos públicos para hacer operaciones de carácter privado.

En 2014 cambió la gerencia, pero se mantuvieron las estructuras clientelares. El nuevo gerente, Rafael Arce, se topó con estas resistencias al intentar ordenar el funcionamiento.

Amenazas de muerte

En poco más de un año Arce acudió al arbitraje para resolver el conflicto laboral, terminó con las operaciones quirúrgicas privadas y recopiló irregularidades en la facturación y en la contratación, pero se vio obligado a entregar el informe a un notario por miedo a las amenazas, que incluso llegaron a ser de muerte.

Con este escenario, las elecciones de mayo del 2015 rompen con la homogeneidad del consorcio, cuyos estatutos responden a una época monocolor, y se tornan bélicos frente a la alternancia política. Tal es el punto que Javier Moliner decide reservar para el PP los siete vocales de la diputación en el Consejo de Gobierno.

Con el nuevo equilibrio favorable a Sanidad se inician las acciones de reforma que topan otra vez con las resistencias de la red clientelar en una batalla silente que estalla la pasada semana con la modificación de la plantilla.

La premura en los plazos, la falta de transparencia y los errores de la conselleria que dirige Carmen Montón, sobre todo en la negociación con los sindicatos, han provocado que los 17 despidos se impongan en el discurso público sobre la creación de 109 plazas, la inversión de 19 millones de euros, la asunción de una deuda de 30 millones que mantenía al centro en quiebra técnica, el arranque de las obras del edificio anexo y su vinculación con la calidad asistencial, la integración funcional del Provincial a la red de salud pública y la denuncia ante la Fiscalía de un posible fraude de 25 millones.

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