¿Buscan los socialistas de Ximo Puig ayuda en el PP para boicotear leyes promovidas por Podemos que ellos mismos han votado sólo para contentar al socio externo? La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, mantuvo ayer que sí y, en concreto, aireó que un representante socialista les había hecho llegar estos días su malestar por la última de las leyes que Podemos ha forzado en la Cámara: la reforma de la ley de senadores territoriales para poder revocar estos cargos. «El PSPV aprueba estas leyes maniatado por Podemos y después nos piden que las recurramos en Madrid», manifestó la dirigente popular. Bonig no aclaró quien era el transmisor de la queja, pero se refirió a un senador, por lo que dio a entender que se trataba del expresidente de la Generalitat, Joan Lerma, el único senador territorial que tienen los socialistas valencianos. El aludido, sin embargo, negó ayer haber pedido nada al PP.

También desde Compromís, su portavoz Fran Ferri, se apresuró a desacreditar a una Bonig, que buscaba con su intervención subrayar las diferencias cada vez más acusadas en el tripartito que PSPV, Compromís y Podemos conforman en las Corts a cuenta de algunas leyes. El rechazo de los socialistas a la reforma de la ley de senadores resultó evidente durante su debate en las Corts. El síndic socialista no ocultó entonces su rechazo y reconoció que la apoyaba a regañadientes para contentar a Podemos. Ayer volvió a mostrar sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma.

Al margen del rifirrafe, los populares están convencidos de que existe un doble juego por parte del PSPV. Siguen el juego a Podemos, pero confían en que el Gobierno central frene los proyectos planteando un recurso al Constitucional. Esta suerte de pinza PP-PSPV habría funcionado con la ley de RTVV y con la decisión del Gobierno central de convocar una comisión bilateral para negociar algunos artículos, entre ellos, la disposición que da preferencia a los extrabajadores defendida por Podemos y avalada sin ningún entusiasmo por el bipartito. Bonig vaticinó que lo mismo ocurrirá con la Agencia Antifraude, que supondrá la contratación de más personal en un momento de ajuste presupuestario. « Están provocando un cacao de leyes que no van a servir para nada», clamó ayer Bonig. A los populares, sin embargo, parar las «barbaridades jurídicas» no les va bien, ya que son conscientes de que el bipartito usará los recursos como arma arrojadiza contra Rajoy.