Las liquidaciones anuales entre la conselleria y las empresas que gestionan la sanidad en los cinco departamentos del denominado modelo Alzira se han convertido en una de las herencias más envenenadas que ha recibido el departamento de Carmen Montón.

Generalmente son las empresas las que tienen que abonar cantidades económicas a la conselleria cuando se liquida cada ejercicio, pero el retraso que dejaron los anteriores gestores era de tal magnitud que el departamento que dirige Carmen Montón estima que las empresas tienen en sus cuentas 260 millones de euros que deberían estar en poder de la Generalitat. Un dinero que Montón no ha incluido en el presupuesto como ingresos pero que va a intentar cobrar hasta el último euro.

La conselleria paga una cápita anual a las empresas en función del número de habitantes de cada departamento para que presten el servicio, una especie de anticipo que se ajusta a final de año.

Sin embargo, en 2015, cuando el PP abandonó el Consell, los nuevos responsables de la conselleria se encontraron que en los departamentos de Dénia, Manises y Elx jamás se había realizado ninguna liquidación; en la Ribera la más reciente era de 2008 y en Torrevieja el saldo financiero estaba actualizado hasta 2012.

Fuentes de la conselleria aseguran que recientemente se ha cerrado la liquidación con la Ribera hasta 2013 y con Torrevieja faltaría ponerse al día desde 2012. Pero es en las concesiones de Dénia, Manises y Elx donde el conflicto es mayor. Tanto que, según anunció ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, el saldo final de las liquidaciones por realizar en estos tres departamentos sería favorable a la Generalitat en unos 260 millones de euros.

Las liquidaciones se cierran con dos años de retraso porque es necesario conocer datos como el cierre de los presupuestos del Estado para calcular el saldo. Pero, el anuncio realizado por Montón, que reclamará hasta el último euro de los valencianos, según dijo ayer en su comparecencia en las Corts, desvela el enconado enfrentamiento que el departamento sanitario mantiene con las concesiones, no sólo por la decisión política de revertir el modelo Alzira sino también por una pura cuestión económica.

Intereses de demora a farmacias

Mientras, el lastre en forma de intereses como consecuencia de los impagos a las oficinas de farmacia valencianas no deja de crecer. La Conselleria de Sanidad ha previsto que tendrá que abonar 70 millones de euros por las sentencias que le obligarán a pagar demoras en los próximos años.

El Consell ya acumula siete millones en condenas derivadas del retraso en el pago a las oficinas de farmacia entre 2008 y 2011.

Pero la previsión de la Conselleria de Sanidad es que el pago total de intereses pueda llegar a 70 millones cuando concluyan todos los pleitos pendientes. Mientras, la consellera de Sanidad también anunció ayer en las Corts que el servicio de hemodiálisis valenciano dejará de ser el más caro de España. Con el contrato vencido desde hace cuatro años, el Consell pagaba la prestación más cara de todo el Estado, según Montón, que adelantó que a principios de 2017 se implantará un nuevo contrato de hemodiálisis ambulatoria que supondrá un ahorro de 7,5 millones.

El presupuesto de Sanidad es el mayor de la historia ya que alcanza los 6.084 millones, un 3% más que el año pasado. El Consell destina 16 millones al día a sanidad.