04 de noviembre de 2016
04.11.2016
Tribunales

La jueza de la Fórmula 1 declara secreta una pieza del sumario que investiga a Camps

El hallazgo de nuevas pruebas obliga a practicar nuevas diligencias, durante un mes, sin permitir el acceso a las partes

04.11.2016 | 18:49
Francisco Camps durante el acto de conciliación por la denuncia que presentó contra Mónica Oltra

La jueza de la Fórmula 1, Beatriz Sobremonte, ha decretado el secreto del sumario de una de las piezas separadas del «Caso Valmor» que investiga la gestación y gestión de la Fórmula 1 durante la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat, según confirman a Levante-EMV varias fuentes. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha emitido un auto en el que declara secretas, durante el plazo de un mes, las diligencias que va a practicar, tras el hallazgo de nuevas pruebas durante la investigación sobre la gestión del gran evento. Los pasos judiciales que vayan a darse en el próximo mes, hasta el próximo 4 de diciembre, serán secretas y a ellas no podrán tener acceso ninguna de las partes.

El caso Valmor investiga los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos que, según la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción, podrían haber cometido el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exconsellera de Cultura y Deportes, Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez «Aspar», durante las negociaciones para acoger la Fórmula 1 en Valencia y por el aval que la Generalitat concedió a Valmor, la empresa organizadora del evento.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centraba en cuatro aspectos fundamentales: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó «ni un euro», en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 (un día antes de dimitir) por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares «sin asumir ningún derecho».

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