04 de noviembre de 2016
04.11.2016

Valsangiacamo y Montoro firmaban los expedientes

Intervención General sostiene que eran los rectores del GAL-Llano de Chiva quienes otorgaban el dinero

03.11.2016 | 23:47

En cuanto al resto de implicadas, la exdirectora general de comercialización de la Conselleria de Agricultura, Marta Valsangiacomo Gil; y la exsubsecretaria de Agricultura y directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, Amparo Montoro, también han ido ya a declarar en calidad de investigadas por la misma causa lo mismo que una jefa de servicio en aquella época. En las diligencias previas figuran también como acusados otra funcionaria de alto rango y otros dos funcionarios más de la Generalitat. En próximos días está previsto, según confirmaron fuentes conocedoras del caso, que vaya a declarar José Manuel Haro, exalcalde de Chiva y exdiputado provincial del PP. Más una técnica que trabajaba en la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva.

Otro implicado en el procedimiento en calidad de investigado es el exalcalde de Yátova del PP Rafael Lisarde, que fue según el informe de la OLAF también presidente del GAL-Asociación Llano de la Hoya de Buñol-Chiva, de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, de la Asociación Interior Hoya de Buñol-Chiva y de la Fundación Desarroya. Lisarde no ha querido hacer declaraciones a Levante-EMV pese a que se le ofreció esta posibilidad a través de la dirección provincial del PP. En la investigación judicial podrían depurarse posibles responsabilidades derivadas de las graves acusaciones que lanza la OLAF sobre su gestión. Paralelamente, las defensas de las directoras generales y las funcionarias de alto rango investigadas han encontrado en un informe emitido por la Intervención General de la Generalitat Valenciana su mejor aliado. Este órgano fiscalizador de la administración autonómica informó en mayo de 2016 a petición del juzgado. Deja la responsabilidad de decisión de cómo se otorgaban las subvenciones a los responsables del GAL y no a las directoras generales y funcionarias, que según la OLAF fallaron en su tarea de fiscalización del gasto.

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