06 de noviembre de 2016

El Consell activa con 18,9 millones la reforma de sedes judiciales y pagará 4,2 en obras del PP

Justicia impulsa actuaciones en Alzira o Gandia que llevaban años bloqueadas, pero admite que no hay fondos para una renovación en profundidad al ser el presupuesto «ajustado» - Califica de «lamentable» el estado en que encontró las oficinas

07.11.2016 | 15:16

Los populares denuncian recortes de dos millones

  • La portavoz de Justicia del PP en las Corts Valencianes, María José Ferrer de Sansegundo, asegura que la ejecución del presupuesto de 2016 de la Conselleria de Justicia se encuentra al 60 %, con seis millones de euros sin adjudicar. Sansegundo denuncia que el departamento de Gabriela Bravo ha realizado retenciones de crédito por el plan de ajuste del Consell por valor de 3,4 millones y de ellos dos se recortaron en infraestructuras judiciales. La diputada reprochó a la consellera que dijera esta semana en las Corts que exprimiría al máximo el presupuesto de 2017 cuando buena parte del de este año está por ejecutar. Además, de los presupuestos iniciales ya se habían quitado otros dos millones para destinarlos a una enmienda del PP que reclamaba un aumento de dos millones al turno de oficio. Por otra parte, la parlamentaria lamenta que la consellera no le haya sabido explicar porqué en dos sedes ya concluidas, Paterna y Elx, se recoge un coste estimado superior en ocho millones de euros respecto al año anterior, lo que ocultaría sobrecostes. En el caso de Vila-real, cuyas obras concluyeron en julio de 2013, el coste estimado pasa de 4,1 millones a 7,7, con un sobrecoste de 3,6 millones, mientras por lo que respecta a Paterna, cuya construcción concluyó en febrero de 2011, se eleva de 2,4 a 6,9, es decir 4,5 millones de euros más. Durante la comparecencia de la consellera de Justicia para explicar el presupuesto, Sansegundo aseguró que el avance en Justicia es cero respecto a 2016 con solo un 1,6% del global y calificó a Justicia como la «maría» del Consell de PSPV y Compromís, ya que es el octavo departamento con menor presupuesto. Sansegundo también recomendó a Bravo «mirarse las espaldas porque Oltra le está comiendo el terreno en la atención a las víctimas», señaló.

La reforma de edificios judiciales en la Comunitat Valenciana recibirá un empujón en 2017, aunque no será suficiente para acabar con un problema endémico. Desde la conselleria que dirige Gabriela Bravo aseguran que el estado en que el PP dejó las sedes judiciales resulta «lamentable», pero admiten que no hay fondos suficientes para una renovación en profundidad, con un presupuesto que la propia consellera califica de «ajustado». Así, la inversión para 2017 atiende a las necesidades más acuciantes.

Un informe elaborado por la conselleria desgrana las actuaciones que el Consell prepara para 2017. En total invertirá 18,9 millones, un 15% más que en 2016, aunque parte del presupuesto se destina a pagar anualidades pendientes del anterior Consell por la construcción de la Ciudad de la Justicia de Elx, 1,6 millones, y los palacios de Justicia de Paterna, con 989.990 euros, y Vila-real, 1,6 millones.

Obras en la fiscalía de Gandia. El proyecto, pendiente de adjudicación y que podría publicarse en los próximos días, asciende a 612.000 euros. La sede se ubica en un inmueble cedido por el ayuntamiento. Se trata de un edificio de dos plantas y más de 500 metros cuadrados. La previsión es que las obras comiencen en el primer trimestre de 2017.

Vandalismo en la sede de Alcoi. Antes de que finalice el año está previsto trasladar los juzgados y la fiscalía de Alcoi al nuevo edificio de la plaza de la Mare de Déu de esta localidad. Se trata de un inmueble municipal acabado hace cinco años y sin uso, que ha sufrido numerosos actos de vandalismo, lo que ha obligado al ayuntamiento a hacerse cargo de las reparaciones. Se ultima la preparación del equipamiento tecnológico, como el cableado eléctrico e informático y ya se ha contratado la adquisición del mobiliario. La conselleria pagará al Ayuntamiento de Alcoi un alquiler por utilizar estas instalaciones.

Arranca el Palacio de Alzira. Es uno de los proyectos que comenzará el año que viene tras décadas de reclamaciones y promesas incumplidas. Los trabajos iniciales están incluidos en una partida del presupuesto de 1,5 millones que contempla, además, otros proyectos. Para el Palacio de Justicia de Alzira no hay estipulada una cantidad concreta. Con todo, en la conselleria esperan que en 2017 quede redactado el proyecto y en próximos ejercicios iniciar la construcción.

Ahorro de alquiler en Mislata. Ya se ha iniciado el proceso de adaptación de la nueva sede judicial de esta localidad. Se ha contratado el arrendamiento de un local de 1.381 metros y están en marcha las obras de adecuación del inmueble con una distribución consensuada con el personal. La previsión es que los juzgados estén operativos a finales de 2017. El coste del alquiler de los tres edificios ascendía a 92.000 euros anuales y la concentración de sedes en un solo local ahorrará unos 59.000 euros anuales, un 64%.

Traslado de juzgados en Sagunt. En el mes de junio finalizaron los traslados de los juzgados de primera instancia y de instrucción 4 y 5 de Sagunto al Palacio de Justicia de la capital del Camp de Morvedre. Estos juzgados estaban en bajos alquilados y con su traslado se ha generado un ahorro anual de 64.300 euros.

Restauración del TSJCV. En 2017 se realizarán mejoras por valor de 3,6 millones. Se abordará la restauración del Tribunal Superior de Justicia, y la instalación de una nueva climatización con eficiencia energética. En la Ciudad de la Justicia se sustituirá la climatización para acabar con problemas que se arrastran desde la inauguración.

Remodelación en Alicante. Las obras de reforma de la sede del Palacio de Justicia de Benalúa, en Alicante, ya tienen estudios y la conselleria espera a la resolución del ayuntamiento que indique los términos en los que se puede intervenir en el inmueble que goza de protección.

En estudio la sede de Ontinyent. El traslado de los actuales juzgados a una nueva sede está en fase de estudio, en el que participa también el ayuntamiento de esta localidad que dirige el presidente de la diputación.

Convenio previsto en Orihuela. Está prevista la firma de un convenio para regularizar la situación y resolver los problemas pendientes desde hace más de una década. Se estudia la cesión gratuita de la Generalitat al ayuntamiento de la sede de los antiguos juzgados y se negocia una contraprestación al consistorio, de la que se hará cargo la Generalitat por el uso de las actuales instalaciones como sede judicial. Una comisión busca desbloquear la situación y la fórmula para desbloquear la situación y devolver el antiguo edificio de los juzgados a la ciudad.

Sin avances en la Vila-Joiosa. Justicia está en contacto con el ayuntamiento para buscar una sede que permita el traslado provisional y ampliar y reformar el Palacio de Justicia de la localidad.

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