06 de noviembre de 2016
06.11.2016

Divalterra acusa a la vieja Imelsa

El juez del «Caso Taula» y la Fiscalía Anticorrupción admiten la personación como acusación particular de la empresa pública de la Diputación de Valencia - La institución provincial quiere recuperar el dinero saqueado a las arcas públicas

06.11.2016 | 04:15
Divalterra acusa a la vieja Imelsa

Imelsa se ha abierto en canal ante la justicia. La empresa pública de la Diputación de Valencia fue una de las fábricas de mordidas de las que se beneficiaba la «organización criminal», en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el «Caso Taula». Aunque los actuales gestores de la institución provincial, presidida por el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, han logrado revertir en año y medio la situación que parecía condenarla al cierre. Y reciclarla para convertir la antigua Imelsa rodeada de sospechas en la Divalterra colaboradora de la justicia que, a partir de ahora, ejercerá la acusación particular en el «Caso taula», según un auto emitido por el Juzgado de Instrucción 18.

No ha sido un camino fácil. En 2015 Imelsa era la candidata número uno a ser imputada como persona jurídica en el «caso Taula». La negativa de los anteriores gestores de la Diputación, dirigida por Alfonso Rus, a entregar voluntariamente al Juzgado de Instrucción 18 los discos duros que el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, entregó en el juzgado de Instrucción 9, que investigaba al exyonki del dinero por revelación de secretos y malversación fue un mal punto de partida. Incluso ponía en peligro la investigación. Al negarse Imelsa a entregar los discos duros sustraídos por Benavent, la utilización de la información que contenían podía derivar en su anulación como prueba al haber sido obtenidos de forma ilícita, según explican fuentes jurídicas de la Diputación de Valencia.

La llegada del nuevo equipo de gobierno a la institución provincial, conformado por el PSPV y Compromís, revirtió esta situación viciada en los primeros meses de la operación judicial. Imelsa se abrió en canal a los investigadores. Los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaron a instalarse físicamente en la sede de Imelsa durante meses. No hicieron falta órdenes judiciales de entrada y registro.

La colaboración con la justicia se amplió con la elaboración de dos auditorias forenses de la empresa, desde 2007 hasta 2014, encargadas a la empresa de Madrid Grant Thornton (valoradas en 200.000 euros), que ha rastreado durante meses ordenadores y servidores de la empresa. Un trabajo certificado ante notario para que no se rompa la cadena de custodia de los hallazgos, que se aportan directamente a la causa a través de los agentes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata, explican fuentes de la Diputación de Valencia a Levante-EMV, de «limpiar lo enquistado». De realizar una autopsia judicial a la antigua Imelsa, sanearla y, al contrario de lo que suele suceder en los exámenes forenses, resucitarla para que la nueva Divalterra recupere la «normalidad». El colofón de este proceso es la personación de Divalterra como acusación particular en el «Caso Taula» que acaba de admitir el magistrado del Juzgado de Instrucción 18, Víctor Gómez Saval, y a la que no se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción.

De esta manera, la empresa hasta ahora parte de la presunta trama criminal pasa a ser acusadora porque «Imelsa fue un instrumento para beneficio de terceros, pero no para ella misma». De hecho, el objetivo prioritario del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, es intentar recuperar el dinero «presuntamente robado por la trama de comisiones ilegales», explican fuentes de la institución .

Los servicios jurídicos de Divalterra ejercerán así la acusación particular en todas las piezas del «Caso Taula» en el que se haya visto implicada la empresa pública: la pieza principal (que incluye también a Ciegsa), la de los zombis o trabajadores que cobraban sin trabajar, la que investiga la adjudicación del call center del servicio tributario y la del presunto blanqueo de capitales cometido por Alfonso Rus. Únicamente no se personará en las otras dos piezas separadas del blanqueo de capitales y delito electoral del PP de Valencia y las mordidas en la Concejalía de Cultura del Cap i Casal.

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