06 de noviembre de 2016
Empleados públicos

Vuelta de tuerca al valenciano en el Consell

Educación tramita una norma que sanciona el uso preferente de la lengua propia en toda la Generalitat

08.11.2016 | 09:04
El Complejo Administrativo 9 d´Octubre, en Valencia.

Vuelta de tuerca al uso del valenciano en la Generalitat. Esto es lo que persigue la Conselleria de Educación al impulsar el decreto que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración, una norma que encara su recta final para su aprobación en el Consell y que una vez entre en vigor será una auténtica prueba de fuego para funcionarios, cargos públicos y aquellas empresas privadas que aspiren a contratar con el nuevo ejecutivo bipartito.

El proyecto de decreto ha sido elaborado por la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüísme, pero tendrá efectos en todas las conselleries, así como en el sector público. Toda aquella persona con nómina pública, desde los ujiers hasta las máximas autoridades tendrán que ponerse las pilas y dar preferencia al valenciano en su trato con la ciudadanía y en sus intervenciones públicas. Así al menos queda regulado en un decreto que tiene como antecedente el decálogo d´Ares del Maestrat aprobado en 2003 con el Consell popular de Francisco Camps, un documento que durmió el sueño de los justos (sectores del propio PP se rebelaron contra la declaración) hasta que lo reactivó el bipartito. Ahora, sin embargo, lo que antes eran sólo recomendaciones se convierten en reglas que habrán de cumplirse a los seis meses de que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El uso preferente del valenciano se extiende a todos los recovecos de la Administración de la Generalitat tanto en su comunicaciones internas (resoluciones, comunicaciones, actas, convocatorias, material de ofimática, etc.) como en la relación con la ciudadanía (notificaciones, procedimientos administrativos, etc) que se redactarán en valenciano y «también en castellano cuando así lo solicite la persona interesada». El Consell quiere que todos los impresos y formularios se redacten en forma bilingüe pero que el valenciano figure en primer lugar. La preferencia del valenciano se extiende también al personal que atiende directamente a la ciudadanía que «iniciará en valenciano la comunicación y esta continuará, si llega el caso, en la lengua solicitada por la persona usuaria».

La normativa no sólo afectará al personal de la Generalitat. También a sus contratistas y proveedores que deberán emplear el valenciano en la documentación que presenten y utilizarlo en los bienes o servicios que presten, por ejemplo, en el etiquetaje o las instrucciones. La conselleria no quiere que esta cuestión se quede en una mera sugerencia y especifica que estos requisitos deben constar en el pliego de condiciones administrativas de los concursos. Lo mismo cabe predicar de los informes o proyectos que se encarguen a terceros: deberán ser entregados «al menos» en valenciano, dice el texto.

El predominio del valenciano se extenderá en las relaciones de la Generalitat con ayuntamientos, entes estatutarios y resto de administraciones con sede en la Comunitat. Eso sí, se diferencia entre los territorios con predominio lingüístico en valenciano y en castellano. En el primer caso se usará la lengua propia en exclusividad; en el segundo, el castellano y el valenciano.

Por otro lado, el proyecto de decreto especifica que las autoridades y el personal al servicio de la Administración en sus intervenciones públicas en razón del cargo «deberán utilizar el valenciano». La persona que ocupe la portavocía del Consell «ha de hacerlo siempre en valenciano». Algo que ya está ocurriendo.

El decreto irrumpe en la vida política valenciana coincidiendo con reflexión abierta entre los socios de Gobierno (PSPV y Compromís) para aprobar una nueva ley que supere la Ley de uso del valenciano del 1983 y garantice los derechos lingüísticos en el ámbito privado, tal como informó Levante-EMV. Educación, de momento, se ha adelantado al acuerdo y ha ejercido sus competencias en promoción lingüística en el ámbito de la administración. En el caso del funcionariado, la pelota está en el tejado de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que debe dirimir si introduce o no y en qué términos el requisito lingüístico para el acceso a la Función Pública.

Fase de exposición pública
Para el departamento promotor de la iniciativa «la sociedad valenciana presenta muestras de madurez suficiente para que los poderes públicos emprendan de manera decidida medidas de protección y nivelación con el fin de que la lengua propia recupere el estatus que le corresponde». Asimismo entiende que gracias a la labor de la extinta RTVV y los cursos de valenciano realizados por la ciudadanía y por los empleados públicos «se ha incrementado la competencia lingüística en el valenciano, síntoma claro de la mayoría de edad ciudadana». El Consell habla de un punto de inflexión dado que las medidas buscan corregir situaciones históricas de desequilibrio de una lengua respecto de la otra.
El documento está en exposición pública desde hace quince días. Entidades como Intersindical han presentado alegaciones que, en este caso, con el reto de reforzar aún más el uso del valenciano como lengua preferente en la Generalitat.

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