La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) advierte en su informe sobre el uso presuntamente irregular de cerca de 151.500 euros procedentes del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural e invertidos en tres proyectos de la Hoya de Buñol-Chiva que la Generalitat Valenciana «permitió que algunos de los proyectos recibieran un porcentaje de financiación más alto que el que correspondía según la normativa reguladora de las ayudas».
Según el informe de los investigadores de Bruselas, «las autoridades valencianas incumplieron la obligación establecida en el Reglamento CE 1990/2005 que establece que los estados miembros deben asegurarse de la legalidad y regularidad de los gastos cofinanciados por el Feader y de que los fondos se utilizan de acuerdo con los principios de buena gestión financiera».
El mismo dictamen censura también «la falta de controles sobre la capacidad de los beneficiarios oficiales de la ayuda para cumplir las obligaciones establecidas» en la normativa europea.
Entre las presuntas irregularidades detectadas, en el caso del Espai Jove de Chiva se infringió, «de forma absoluta la normativa de contratación pública» y en el centro musical de Siete Aguas y de los gastos de funcionamiento del GAL-Llano de Chiva a la Plana de Utiel, que gestionaba y solicitaba los fondos, «se incumplió la Ley General de Subvenciones».
La OLAF pone el acento en la ausencia de controles por parte de la Generalitat. «Incumplió la obligación de garantizar que la selección de las operaciones se ajustaba a los criterios aplicables al programa de desarrollo rural», subraya el dictamen. No en vano, los investigadores de Bruselas destacan: «La falta de controles mínimamente rigurosos por parte de la Generalitat Valenciana del cumplimiento real (y no meramente formal) de la obligación de solicitar tres ofertas por parte del beneficiario».
Tanto en el suministro de material al centro de interpretación musical de Siete Aguas como en el Espai Jove de Chiva hubo actuaciones supuestamente irregulares. Al primer centro se le otorgó supuestamente «una subvención más elevada que la prevista en la normativa» mientras que el segundo se edificó sin cumplir «las normas de contratación pública» ya que su verdadero promotor, para la OLAF, fue «el ayuntamiento de Chiva» y no el GAL-Llano de Chiva.
«En los dos proyectos analizados „escriben los auditores„, se ha interpuesto artificialmente una asociación como beneficiario de la subvención cuando el titular del proyecto y beneficiario real de la ayuda era otro».
