El Presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, señaló ayer que el principal objetivo de su gobierno, al personarse como acusación particular en el Caso Taula, tal como avanzó Levante-EMV en su edición de ayer es «esclarecer los hechos pero, sobre todo, recuperar el dinero que presuntamente fue sustraído por la trama de corrupción que se investiga». Como ha publicado este periódico en la trama estarían implicados, presuntamente, entre otros, el expresidente de la Diputación por el Partido Popular Alfonso Rus; su jefe de Gabinete, Emilio Llopis; y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado «yonki del dinero», entre otros exdiputados y altos cargos del PP.

Para Jorge Rodríguez, el hecho de que el juez del Caso Taula y la Fiscalía Anticorrupción hayan admitido como acusación particular a Divalterra, y por extensión a la Diputació de Valencia, supone un «reconocimiento» a la estrecha colaboración que desde el primer momento ha prestado la nueva Diputació a los investigadores: «Hemos actuado con discreción y prudencia, alejados de los focos, porque era necesario que la institución recuperara la confianza tanto del juez como de la Fiscalía». Hasta ese momento, las autoridades judiciales «se habían encontrado con muchas trabas por parte del anterior equipo de gobierno provincial que, como se ha visto después, tenía mucho que esconder», ha explicado Jorge Rodríguez.

El máximo responsable de la corporación provincial desde julio de 2015 añadió que «sin el cambio de gobierno», la investigación del Caso Taula «hubiera pasado por serias dificultades». Rodríguez lamentó «el daño que los casos de corrupción han causado a la imagen de la institución», hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de la empresa pública, en la que trabajan más de 750 trabajadores: «En este año y medio hemos logrado revertir la situación, mantener los empleos y pasar de acusados a acusadores. Pienso que se ha hecho un buen trabajo», se felicitó.

En este sentido, destacó que no sólo se ha colaborado con la Justicia desde el punto de vista administrativo, sino que se han destinado cerca de 200.000 euros a «esclarecer la verdad» y «pillar a los culpables del supuesto saqueo de las arcas públicas», con la contratación de sendas auditorías forenses que han destripado los ordenadores y la contabilidad de la antigua Imelsa de los últimos años «para detectar comportamientos delictivos».