La ley de la Generalitat de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana aprobada la semana pasada por unanimidad en las Corts no sólo tiene por objetivo una tramitación exprés de las medidas sociales prioritarias sino también blindarse ante posibles nuevos tijeretazos planteados por el Gobierno central. Así se desprende de la letra pequeña de la ley.
El artículo 5 especifica que durante el ejercicio presupuestario y en los casos de aquellas prestaciones relativas a proyectos declarados de emergencia ciudadana «no podrá realizarse modificación alguna que suponga una reducción de los importes consignados en los créditos». Sólo podrán producirse transferencias de crédito entre las partidas de gasto que tengan la misma finalidad, añade la normativa.
La restricción para tocar el presupuesto podría tener excepciones cuando se trate de gastos en materia educativa y sanitaria u otras materias, pero para ello debe aprobarse por decreto del Consell.
Estrecha vigilancia de Montoro
Esta política de prevención no es ajena a la extrema situación financiera en la que se encuentra la Generalitat, que sigue sin resolver su problema de infrafinanciación. El Consell, además, no es dueño de su presupuesto. Está bajo la estrecha vigilancia del Ministerio de Hacienda, a cuyo frente seguirá Cristobal Montoro.
El incumplimiento del objetivo de déficit el año pasado (situación que se repetirá este año) ya obligó al Ejecutivo de Ximo Puig a un ajuste en sus cuentas. El recorte estuvo muy por debajo de lo que en un principio exigió el ministerio, pero hubo partidas sociales que quedaron congeladas. La ley de Emergencia Ciudadana, impulsada por Podemos, protege determinadas partidas. Se trata sobre todo de ayudas sociales, como las dirigidas a menores, familias acogedoras, la renta de ciudadanía, la dependencia, las víctimas de violencia de género o las personas en riesgo de exclusión social.
Además de garantizar los recurso económicos, la norma busca también atacar otro de los déficits estructurales de la Generalitat: la falta de manos para tramitar los procedimientos.
Así, la ley da un plazo de seis meses a la conselleria competente en materia de administraciones públicas para «realizar la planificación de los recursos humanos en los departamentos que gestionen procedimientos declarados de emergencia ciudadana a fin de garantizar la adecuada dotación de recursos personales». Es decir, el Consell prevé echar mano de la contratación de interinos para reforzar las áreas responsables de la política social más urgente.
La ley no especifica como se hará esta provisión de puestos, pero resulta obvio que no será por la vía de las ofertas de empleo público, ya que estos procesos, además de restringidos por la ley de presupuestos, son muy lentos. De hecho, esta semana Compromís presentará en las Corts una iniciativa para instar al Gobierno central a que libere al Consell de la tasa de reposición de efectivos, una limitación que sigue en los presupuestos de 2017, pero que el Consell quiere renegociación Madrid. Con todo, de momento al Consell solo puede reforzar sus plantillas por la vía rápida echando manos de personal temporal. El resultado es que la tasa de interinidad (situada ya en el 30%) aumentará.
La ley marca el carácter prioritario de estos expedientes al subrayar que se tramitarán de forma urgente con reducción de plazos a la mitad. El Consell alude a la Constitución y a «derechos sociales contemplados en el Estatuto» para justificar su proyecto.
