Gracias querido Ismael por tus palabras pero sobre todo por hacer crecer la poesía en los rincones más oscuros y desesperanzados. No es fácil encontrar la belleza hoy en día en la política, en la exclusión, en la desigualdad, en tantas situaciones difíciles y desesperadas que viven miles de personas. Tú lo consigues despertando conciencias y acariciando corazones. Tampoco, si me apuran, es fácil cantar al amor en los tiempos que corren, en los tiempos que no son del cólera, pero sí de "la" cólera y tú lo haces como nadie.

Debo hacerte una confesión. Tus canciones hace tiempo que me acompañan. Algunas se convirtieron en banda sonora de mi vida. Jamás hice cola para pedir un autógrafo salvo el día que presentaste el disco "La traición de Wendy" en Valencia. Sin embargo la canción que se convirtió casi en un himno para mí fue la de "No estarás sola". Y lo sigue siendo. Casi premonitoria: "tu revolución llenará sonrisas" dice la canción. Pues aquí estamos revolucionando cada día armados solo con una sonrisa y un guiño de ojo.

Así es que no es inocente que hoy la cultura a través de la música tenga hoy su presencia aquí. Y lo tiene para reivindicarla como motor económico de creación de empleo y riqueza en un modelo productivo alternativo, pero sobre todo como herramienta de emancipación humana, porque a un pueblo culto nadie lo puede tiranizar. Al menos yo, no concibo la vida, ni tampoco la política sin poesía.

Permítanme no obstante pasarme a la prosa y empezar por compartir con ustedes una certeza matemática y una duda metafísica. La certeza matemática es el hecho incontrovertible pero a menudo olvidado, de que la distancia que separa Valencia de Madrid es exactamente la misma, en términos quilométricos, que la que separa Madrid de Valencia.

La duda metafísica, y créanme si les digo que es compartida por centenares de miles de valencianos, es una derivación del axioma anterior: siendo la misma distancia en un sentido o en el otro, cómo es posible que los valencianos estemos al corriente de los asuntos madrileños (no me refiero a los del conjunto del estado, sino a los de la ciudad o la comunidad autómona) y los madrileños tengan un desconocimiento tan profundo de la realidad valenciana?

Seguramente acabo de hacer una generalización injusta, como todas, porque la simple presencia de todos ustedes en esta sala demuestra un gran interés por conocer lo que sucede en la Comunitat Valenciana. Por eso se lo agradezco de nuevo. Es posible que sea un simple ejercicio de curiosidad, una especie de observación ante un hecho desconocido: "Qué está pasando en Valencia?" es una frase que se oye desde hace algún tiempo y que obedece a la machadiana reserva ante lo desconocido. Y lo desconocido, para mucha gente, es que en Valencia, en la Comunitat Valenciana, el 24 de mayo del año pasado sucedió un pequeño milagro que intentaré exponerles y que solo se explica si se conoce lo que durante los últimos veinte años hizo el partido popular con el país de los valencianos.

Hablo de pequeño milagro, y luego volveré sobre este tema, al hecho de que como consecuencia de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, en la Comunitat Valenciana se constituyó un gobierno de coalición formado por un partido, el PSPV, y una coalición de partidos (Compromís) y con el apoyo externo de un tercer partido (Podemos) a través de un pacto de legislatura que denominamos Acord del Botànic. Al PSPV ya lo conocen ustedes, pero para el mundo político y mediático de la capital del reino resultaba muy extraña una formación política de la que pocos habían oído hablar. Una formación política que, además, había conseguido la alcaldía de la ciudad de Valencia y a partir del 24 de mayo de 2015 gobierna en las principales ciudades valencianas: Castelló, Elx, Alacant, Sagunt, Alzira...

Déjenme que les hable un poco de Compromís. Los que me conocen saben que no soy demasiado chauvinista de la sigla. Creo que las formaciones políticas son un instrumento para la acción política, frente a la corriente mayoritaria que conceptúa los partidos como fines en sí mismos o les otorga un sentimiento de pertenencia como si de un equipo de fútbol se tratara. Sin embargo creo que si algo hemos hecho bien en Compromís es organizarnos de manera que el diálogo y el consenso son la base de la toma de decisiones. Somo una coalición estable formada por tres partidos fundadores, algunas experiencias locales y personas que no quieren militar en ninguno de los partidos sino formar parte directamente de la coalición. La toma de decisiones se estructura con base en grandes mayorías cualificadas de todo y sobre la base del acuerdo de las partes. Esto nos garantiza que jamás una mayoría del 51% pueda imponer al otro 49% su voluntad a través de las votaciones. Tampoco una mayoría más amplia. Es la palabra lo que tiene más poder en Compromís que los votos. Esto también nos "garantiza" largos debates y acuerdos de madrugada, pero créanme si les digo que merece la pena. Siempre nos hemos reforzado con esta manera de relacionarnos. Hemos aprendido a escucharnos, a poner en valor la opinión del otro, a transigir y a darnos cuenta de que nadie tenemos la verdad absoluta y que siempre una propuesta propia puede ser mejorada con una idea ajena. Ha sido un aprendizaje democrático muy valioso que ha situado a Compromís en esa "nueva política" a pesar de ser una formación que no nació ayer. Es tecnología política punta, como después volveré a explicar, que nos ha permitido llegar a un pacto de gobierno, si no perfecto, porque sería pretencioso afirmarlo, sí modélico y exportable: a la valenciana. Creo sinceramente que ese saber hacer que durante años hemos cultivado dentro de casa ha sido determinante en cómo se parió el acuerdo del Botànic y el gobierno valenciano.

Probablemente ustedes no lo recuerden, pero lo sucedido en Valencia resultaba tan difícil de entender en los cenáculos capitalinos que bastante tiempo después de aquellas elecciones, incluso después de las elecciones generales de diciembre pasado, nos tocaba explicar que Compromís era una formación independiente de cualquier otro partido, que existía desde hace años, que ya había tenido un diputado en el Congreso, varios en las Corts Valencianes, naturalmente, centenares de concejales y hasta un eurodiputado. Pero esta realidad no encajaba en los análisis planos que muchas veces se hacen de la política, en donde se establecen unas clasificaciones en las que hay que encajar. Probablemente una rareza de este calibre se hubiera esperado de Catalunya o del País Vasco. Si me apuran, hasta de Galicia. Pero de Valencia? Qué había pasado? Como era posible que la Comunitat Valenciana, siempre tan dócil, siempre tan dispuesta a ofrendar nuevas glorias a España como muy bien rezan los dos primeros versos de su himno, se hubiera salido del carril? Una comunidad autónoma en la que, además, el sistema bipartidista y la alternancia política bien entendida habían funcionado tan bien, sin estridencias, sin sobresaltos. Valencia era como una fiesta de etiqueta en la que de repente había irrumpido alguien con sandalias y pareo. Qué había sucedido?

Había pasado, simplemente, que en Valencia estábamos viviendo, todavía lo estamos, en una verdadera anomalía democrática ocultada bajo un espejismo de Ferraris, ciudades imposibles, edificios sin alma, regatas de fuego fatuo o aeropuertos peatonales.

Permítanme que les ponga algunos ejemplos que probablemente desconozcan pero que explican qué había sucedido en mi tierra.

Sabían ustedes que dos presidentes de les Corts han sido imputados por casos vinculados con la corrupción y que una de ellas, Milagrosa Martínez, tiene una petición fiscal de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación?

Sabían que en un momento dado de la anterior legislatura un tercio del grupo parlamentario popular estuvo imputado? Sabían que en esta última legislatura dimitieron por estar siendo investigados por distintos delitos ¿??? diputados del grupo popular? Sabían que llegó a darse la vergonzosa circunstancia de que un diputado (Felipe del Baño) que entró sustituyendo a otro que acababa de dimitir por su inminente imputación (Juan Cotino), resultó a su vez imputado a las pocas semanas de haber tomado posesión de su escaño? Saben que en la actualidad, el 8 de noviembre de 2016, uno de los dos diputados del PP por Castellón en el Congreso está imputado y otro en el parlamento valenciano ha abandonado el grupo popular y ha pasado al de no adscritos por su imputación por un presunto delito de financiación ilegal del PP y de blanqueo de capitales?

Saben que el pasado año, el delegado del gobierno en la Comunitat Valenciana en el ejercicio de sus funciones fue detenido y puesto a disposición judicial por la misma policía nacional a quien él mismo dirigía en el marco de una operación contra la corrupción que continúa en curso?

Saben que en este momento, 8 de noviembre de 2016, todos los concejales del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia que son miembros del PP están siendo investigados por presuntos delitos de financiación ilegal a su partido político y blanqueo de capitales? Insisto, no uno, ni dos, ni tres: todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

Saben que hubo un momento en que los presidentes de las tres diputaciones provinciales estuvieron imputados o fueron condenados? Uno de ellos, por cierto, por delitos contra la salud pública, la figura delictiva por la que condenan a los narcotraficantes.

Saben que los alcaldes y alcaldesas de Castellón, Valencia y Alicante fueron investigados o lo están siendo por delitos relacionados con la financiación ilegal del PP o delitos urbanísticos?

Saben que un vicepresidente del Gobierno Valenciano es un delincuente convicto según propia confesión en la trama valenciana de los trajes de Gürtel?

Saben ustedes que José Luis Olivas, Vicepresidente de Bankia hasta llevarla a la ruina, había sido antes President de la Generalitat Valenciana?

Saben ustedes que un total de 12 consellers han sido imputados, están en espera de juicio, han sido condenados, han cumplido pena de prisión o la están cumpliendo en estos momentos por delitos relacionados con la corrupción? No sé si lo se calibra la magnitud de la cifra. 12 consellers, el equivalente a 12 ministros, en un total de 5 legislaturas. Salen a 2´5 consellers por legislatura. Se imaginan el impacto de este hecho si se hubiera producido en el gobierno del estado?

En Valencia conocemos todos los detalles del caso de Francisco Granados, incluso el del pisito de Ignacio González. Dos. Solo dos miembros relevantes del gobierno popular de esta comunidad. No les quito importancia, al revés. Creo que la tiene y mucha. Pero insisto: no resiste ninguna comparación con el panorama que les he descrito y que, en cambio, es muy posible que muchos de ustedes conozcan por primera vez ahora. O por lo menos que lo conozcan con este nivel de detalle.

Pero hay algo peor en todo esto que a mi todavía me solivianta, porque es el gran triunfo de los corruptos: hasta tal punto consiguió el partido popular identificar a su partido con la Comunitat Valenciana que su corrupción parecía que fuera la del conjunto de los valencianos y valencianas. Durante algún tiempo circuló un chascarrillo: "Las paellas y la corrupción, como en Valencia en ningún sitio". Pues bien, el buen hacer de las paellas hay que apuntarlo a los miles de valencianos y valencianas que las elaboran con mucho gusto para deleite quienes las saborean, pero la práctica de la corrupción hay que imputarla al partido popular valenciano.

No quisiera que pareciera por mis palabras que recrimino esta falta de conocimiento o estos análisis de trazo grueso. Hasta cierto punto es normal porque también forma parte de una situación política en el conjunto del estado que tiene que ver con la realidad territorial. En realidad lo que intento trasladar es la idea de que España vive desde hace años lo que podríamos denominar como una tensión territorial no resuelta. Una tensión territorial tan evidente que está haciendo reventar por sus costuras una constitución pensada para un contexto político, el de la salida de una dictadura, que daba respuesta a las necesidades sociales de aquel momento, pero que se demuestra incapaz de asimilar la realidad social, territorial y política de una España que no se ve reflejada en un texto que actualmente no da respuesta a sus problemas. Y no quiero que se malinterpreten mis palabras: la responsabilidad, obviamente, no es del texto constitucional, sino de quienes lo sacralizan hasta convertirlo en un jarrón chino al que admirar pero poco útil para usar. Y lo que es peor: acusan de querer romperlo a quienes quieren restaurarlo y limpiarlo.

En este contexto se explica el surgimiento de una fuerza política como Compromís, desconocida en el resto de España hasta hace poco más de un año pero con una larga trayectoria política y de presencia institucional como les he explicado antes. Una trayectoria avalada también por la denuncia implacable contra la corrupción estructural del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Una corrupción, no me cansaré de decirlo, que no es más que el síntoma de la situación de anorexia democrática en el que el PP convirtió al país de los valencianos. Una debilidad democrática extrema consecuencia de haber confundido a su partido con la institución, la mayoría absoluta con el poder absoluto y de haber construido un engranaje para que las siglas PP pasaran a significar Perpetuarse en el Poder, a cuyo objetivo todo se subordinaba.

Se practicaba un abuso de poder sistemático, en el que la confusión entre el partido y la institución era total y en que la separación de poderes era una quimera propia de la ilustración. Les pondré un ejemplo: cuando, al inicio de la presente legislatura visitaba alguna ciudad en mi calidad de Consellera, por cortesía institucional daba instrucciones para que se avisara al Ayuntamiento. Pues bien, el personal de la casa, con la inercia propia de quien lleva 20 años haciendo lo mismo, me solía decir: "Avisamos entonces al grupo de Compromís?" ya que, según se nos dijo, anteriormente se avisaba al grupo popular y necesitaban saber si ahora había que hacer lo mismo pero con Compromís.

Este abuso del poder cuya única finalidad era perpetuarse en el mismo trajo como consecuencia que, mientras se paseaban en Ferrari (y no es una metáfora fácil) y saqueaban las arcas públicas, en mayo de 2015 la población valenciana en situación de pobreza, según Funcas, estaba 15 puntos por encima de la media estatal, 45.000 personas en situación de dependencia estaban en espera de que se resolvieran sus expedientes para cobrar su prestación, una de cada cinco personas que acudía a un comedor social era un niño o niña y las familias con niños que acudían a la Casa de la Caridad aumentaron un 32%. Según diversos estudios, el impacto sobre los valencianos de la corrupción es de entre 12.000 y 13.000 millones de euros. Porque esta es la consecuencia de la corrupción: el saqueo de fondos públicos para beneficio unos pocos (o para rédito político de una estructura de poder) en detrimento de la mayoría y, particularmente, de los sectores más vulnerables. Y también, por cierto, en perjuicio de muchos empresarios, que o bien tuvieron que sucumbir a las mordidas o bien, simplemente, nunca pudieron acceder en libre concurrencia y competencia leal a un festín que no estaba pensado para ellos. Esto, por cierto, ya no sucede. La Comunitat Valenciana es un buen lugar para invertir, para participar en la contratación pública de manera legal y transparente, sin tener que pagar peajes indesesables.

En ese panorama de degradación absoluta tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo de pasado año con los resultados que todas ustedes y todos ustedes conocen. Un resultado que dio un parlamento plural, sin mayorías absolutas, con 5 formaciones políticas diferentes, que obligaba a pactar, a dialogar y a llegar a acuerdos. Por cierto, saben ustedes que el Presidente del parlamento valenciano no es del mismo partido que el President de la Generalitat? Y saben que en la mesa de les Corts están representados todos los grupos parlamentarios? Y se trata de una mesa de solo 5 miembros. Pues bien, hay uno por cada formación política.

Ese nuevo tiempo de diálogo, de acuerdo, de consenso es que el nos llevó en un tiempo récord (un mes escaso) a que tres formaciones políticas (insisto, una de ellas, la mía, una coalición estable de partidos, lo que da más potencia al acuerdo) concertáramos las bases sobre las que construir un gobierno de transformación. Un pacto, el "Acord del Botánic", basado en 5 grandes ejes de actuación que se plasmó en un acuerdo de coalición entre el PSPV y Compromís y con el apoyo parlamentario de Podemos. E inventamos, además, una perfecta forma de cohabitación: el mestizaje, la complicidad y colaboración en todos los departamentos, con un objetivo claro: constituimos un gobierno con dos partidos, no dos gobiernos paralelos. Si me permiten el atrevimiento, yo diría que en la Comunitat Valenciana hace algún tiempo que practicamos tecnología política punta. Y si me permiten el exceso, si en vez de fijarse en nosotros para observar la corrupción del PP lo hubieran hecho para analizar el acierto de los consensos y los acuerdos, probablemente hoy no tendríamos el gobierno de España que tenemos.

Porque desde el mismo momento de la constitución del nuevo gobierno valenciano nos pusimos manos a la obra en una ingente tarea de desescombro, de reparación de derechos, de resituación de prioridades y de desactivación de minas políticas consecuencia de una ruina en diferido a la que estamos haciendo frente día a día. Porque si el panorama que hemos descrito anteriormente es demoledor desde el punto de vista democrático, lo es más cuando afecta directamente a las personas, cuando cercena sus derechos y las intenta desposeer de su dignidad.

Por eso, las primeras leyes impulsadas por el Consell fueron dirigidas a la devolución de derechos arrebatados, como la ley que retorna la sanidad pública a todas las personas, la garantía de derechos constitucionales, como la ley que regula la función social de la vivienda, o la ampliación de derechos para todas las personas, particularmente las más invisibles y que más discriminación sufren, como la ley que regula la autodeterminación de género.

Un ejemplo de lo que les estoy exponiendo lo constituye la que coloquialmente se conoce como ley de acompañamiento a los presupuestos. Dicha ley fue usada durante muchos años por el gobierno del Partido Popular para modificar otras leyes en un sentido restrictivo y regresivo, como por ejemplo expulsar de la sanidad pública a miles de personas o introducir copagos confiscatorios para personas dependientes. Pues bien, nuestra primera ley de acompañamiento, la del año pasado, hizo exactamente lo contrario. Supongo que saben que me ocupo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Conselleria de la Vida como me gusta llamarla a mi, porque atiende a personas de todas las clases durante su ciclo vital: niños y niñas, jóvenes, mujeres, colectivos LGTB, personas mayores, personas en situación de dependencia o con diversidad funcional. Pues bien, pondré algunos ejemplos centrados en esta conselleria que a más de uno de ustedes estoy segura de que le sonrojará:

Sabían ustedes que hasta el 1 de enero de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género no percibían las ayudas que les correspondían si tenían alguna deuda con la agencia tributaria, provocando así una doble victimización en las espaldas, además, de las mujeres más desfavorecidas? Puede concebirse una indignidad mayor? Desde el 1 de enero de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género cobran las ayudas a las que tienen derecho, con independencia de su situación fiscal con hacienda. Lo mismo sucede con las ayudas de emergencia.

Sabían ustedes que las prestaciones a las familias acogedoras para hacer frente a los gastos ocasionados por los menores a su cargo podían ser embargadas si la familia tenía deudas con la administración, vulnerando así el interés superior del menor que es el receptor último de dichas ayudas? Desde este año, dichas prestaciones son inembargables.

Las prestaciones vinculadas a la renta garantizada de ciudadanía y a la dependencia ya no tienen límite presupuestario. Dicho de otro modo, las personas a quienes se les reconozca el derecho subjetivo a percibir una prestación de estas características, la percibirán con independencia de si se ha agotado el crédito previsto. Sabían ustedes que antes estas prestaciones estaban sujetas a la "disponibilidad presupuestaria"? Es decir, primero estaba el dinero, y después el derecho. Pondré un ejemplo muy simple: se imaginan que el derecho a ser iguales ante la ley estuviera ligado a la disponibilidad presupuestaria? O el derecho a recibir un trato digno? O el derecho a recibir asistencia sanitaria? Para nosotros, el orden es muy simple: primero está el derecho y el presupuesto ha de garantizar el cumplimiento de ese derecho. Cuestión de prioridades.

Sabían ustedes que el gobierno del Partido Popular confiscó las pagas extra de todas las personas mayores o en situación de dependencia de los centros residenciales? Pues bien, el 1 de enero de 2016 se derogó el copago para estas personas en centros de día o centros ocupacionales, se aumentó significativamente el dinero correspondiente para una vida digna a las personas usuarias de centros residenciales y además se les retornó la paga extra. Más de 12.000 personas, la mayoría mayores, cobrarán el próximo mes la segunda de las pagas de este año.

Hablando de dependencia. En estos 16 meses, hasta el 30 de septiembre, hemos resuelto 17.905 nuevos expedientes de personas en situación de dependencia. Por ponerles otro ejemplo de la indolencia política de nuestros predecesores, en el año 2013 no se resolvió ningún expediente. Repito: cero expedientes. Ni una sola persona vio tramitada su solicitud de incorporación al sistema de la dependencia. Es el conocido por los profesionales del sector como el año del hambre. Un año que, unido al resto, ha convertido a la Comunitat Valenciana en la peor valorada por todos los indicadores de cumplimiento de la ley de dependencia.

Para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno había un tapón de 45.000 personas en espera de ver resuelta su solicitud. En 16 meses nosotros hemos reducido en 13.000 personas esta lista de espera, de manera que están incorporadas al sistema de protección 51.000 personas. Estos datos, más allá de la indolencia que supuran en lo que respecta al antiguo gobierno valenciano, pulverizan el falso mito de que la derecha gestiona mejor que la izquierda.

Les he puesto algunos ejemplos relacionados con la aplicación de la ley de presupuestos. Me detendré, por lo tanto, un momento para hablar de presupuestos, del dinero necesario para hacer política. Imagino que lo deben saber, pero no está de más recordarlo. Sabían ustedes que la Comunitat Valenciana es la única comunidad autónoma que, siendo pobre, paga a comunidades más ricas? Nuestra comunidad sufre el castigo de una infrafinanciación inconstitucional que nos castiga de una manera injustificada e inexplicable. Hoy en día existe un consenso absoluto en la sociedad valenciana, de todos los partidos políticos, de todos los sindicatos y organizaciones empresariales, entidades, universidades, asociaciones, cámaras de comercio en el sentido de que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y además sufre el castigo de una falta de inversiones abrumadora. No les aburriré con cifras. Las pueden obtener fácilmente. Además hace aproximadamente un mes una representación del conjunto de la sociedad valenciana, encabezada por nuestro Presidente y toda la mesa del parlamento (toda, recuerden, es decir, un representante de cada partido, de todos los partidos), se desplazó a Madrid para exponer con datos la realidad de la que hablo y exigir tanto la reforma del actual sistema de financiación, caducado hace dos años, como la regularización de la deuda que el estado tiene con nuestro país, una deuda que se estima que asciende a los 42.000 millones de euros.

Con respecto a las inversiones, quédense simplemente con el dato de que entre los años 2000 y 2015, la Comunitat Valenciana ha recibido el 8,2% de la inversión estatal territorializable, cuando la población valenciana durante el mismo período ha sido del 10,7%. Eso significa que hemos recibido solo el 86% de la media per cápita del conjunto de comunidades autónomas en ese periodo.

A ello hay que unirle el hecho de que durante el mismo periodo el PIB por habitante en la Comunitat ha pasado del 95% en 2000 al 88% en 2015 respecto a la media española. En solo 15 años estamos 12 puntos por debajo, situándonos en la undécima posición del conjunto de las comunidades autónomas. Es decir, somos una comunidad empobrecida a causa de la esquilmación a la que se nos ha sometido, la infrafinanciación que sufrimos y la ausencia de inversiones con la que se nos castiga. Y todo ello tiene consecuencias directas sobre las personas, particularmente sobre las personas más vulnerables, las que más necesitan del apoyo de los poderes públicos para seguir manteniendo una vida digna y plena en derechos.

Por eso, el Consell valenciano tiene muy claras sus prioridades. Nuestras situaciones son las de las personas que están en situación de exclusión o de empobrecimiento, las de los colectivos más vulnerables, las de los invisibles. A ellos van dirigidas nuestras políticas.

Por eso, además, cuando hay que tomar decisiones no tengo duda sobre cuál es la más justa. Por poner un ejemplo claro: si hay que elegir entre el cumplimiento de la montoriana ley de estabilidad presupuestaria o el de la ley de dependencia, yo siempre elegiré la que ponga por delante los derechos de las personas. Es más, nunca alcanzaré a entender por qué, ante una colisión de leyes, hay políticos que optan por aplicar las que castigan a las personas en vez de las que las rescatan. Lo mismo ocurre con el cumplimiento del sacralizado artículo 135 de la Constitución, reforma exprés hecha para rendir pleitesía a la troika y al dogma neoliberal. No seré yo quien abogue por incumplir la Constitución. Ni mi formación jurídica ni mi vocación política me lo permiten. Pero sí que recordaré que para llegar al artículo 135 hay que pasar antes por otros 134, entre ellos el 31, que habla de la fiscalidad progresiva y el desarrollo equitativo, o el 35, que establece el derecho a un trabajo bien remunerado y estable, o el 40, que reconoce un sistema de financiación autonómico que garantice la igualdad de la renta territorial, o el 47, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. Y así muchos más, como los relacionados con el derecho a la educación, a la protección de la salud, a disfrutar de un medio ambiente saludable... Artículos y derechos que parecen olvidados por la sacrosanta estabilidad presupuestaria y control del déficit, pero que son la garantía de que el nuestro sea un estado social.

En estos retos, en estas elecciones, es donde nos situamos quienes pensamos que esta crisis económica, moral, política y ambiental que arrastramos desde hace años está siendo aprovechada por oligarquías muy poderosas (y perdón por la redundancia), para acumular bienes materiales y recursos naturales, fulminando a su paso derechos adquiridos, ampliando hasta límites indecentes las diferencias entre ricos (cada vez menos pero cada vez más ricos) y pobres (cada vez más y cada vez más pobres) y poniendo en riesgo la propia supervivencia del planeta, cuyos recursos se agotan y por eso los oligarcas los acumulan.

Esta acumulación de bienes, riquezas y recursos naturales por parte de unos pocos tiene como contrapartida la exclusión de la gran mayoría de la población mundial, llevando a situaciones vergonzosas de empobrecimiento no solo a centenares de millones de seres humanos, sino también a países enteros, cuando no a continentes enteros. Pero esta no es una situación que deba ser asumida como natural, como una lacra divina contra la que nada se puede hacer porque nos viene dada. Al revés: responde perfectamente a los intereses de los poderosos, de los oligarcas, y es una situación que debe ser estudiada, analizada y combatida desde un fuerte contrapoder público, que ponga límites a la acumulación de recursos naturales, que limite los monopolios, que garantice el cumplimiento de los derechos sociales y políticos de todas las personas.

Este empoderamiento de las élites mundiales no es nuevo, no es reciente. Tiene su origen en el final de la guerra fría, en la desaparición de la política de bloques y en el agotamiento de las ideologías de emancipación surgidas a lo largo del siglo XX. Y hablo del agotamiento de estas ideologías porque las otras, las de la acumulación de capital, no solo han seguido existiendo, sino que han avanzado sin ningún muro de contención que ahora las detenga. Nadie mejor que el multimillonario Warren Buffet expresó esa ideología: "La lucha de clases? Claro que existe, lo que pasa es que la estamos ganando nosotros."

Y decía que avanzan sin que ningún muro de contención las frene porque la gran ideología llamada a hacerlo en los países capitalistas, la socialdemocracia, concebida sobre todo a partir de la segunda guerra mundial como la gran arma defensiva de las sociedades occidentales para hacer frente a la expansión del comunismo, tuvo como gran éxito la construcción del llamado estado del bienestar, que funcionó como antídoto al virus revolucionario. Y funcionó mientras existió el virus. Pero una vez erradicado, el antídoto carece de sentido. Dicho de otra manera: la revolución soviética, de la que este año próximo se cumplirán 100 años, generó dos grandes hijos: los partidos comunistas y los partidos socialdemócratas: Mientras que los primeros sufrieron unos procesos de transformación y cambio hasta su desaparición, reformulación o disolución en nuevas formas de interpretar la sociedad una vez despertados del sueño soviético, los segundos no lo hicieron, convirtiéndose en formaciones que el electorado puede interpretar como prescindibles, porque dan respuestas antiguas a problemas nuevos. Esto, probablemente, explique en gran parte lo que ha pasado con los grandes partidos socialdemócratas europeos en este último tiempo.

Y no solo encontramos ejemplos en Europa. Esta noche se celebran las elecciones norteamericanas con dos candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump. La pregunta que me hago y que supongo que se hacen ustedes es cómo es posible que un personaje como Trump haya llegado con posibilidades, según las encuestas, de dirigir el Despacho Oval.

Estos últimos días he podido leer informaciones que me han llamado la atención y que decían que las bolsas se iban a hundir si ganaba el candidato republicano. Me resulta curioso que un sistema pensado para perpetuar y concentrar la riqueza no se fíe de una persona que ha conseguido eso mismo.

Del otro lado, tenemos a la candidata demócrata Hillary Clinton, quién en un principio debió pensar que el camino hasta la Casa Blanca sería un paseo. Pero no contó con que su imagen va adosada a una alternancia democrática que agota su carburante porque la sociedad que aspiran a dirigir se ha cansado de que no cuenten con ellos y les expulse de un sistema que prefiere cumplir con el techo de gasto que con los derechos y libertades que una y otra vez les han prometido desde los púlpitos electorales.

Mensajes como: "Pido el bloqueo completo y total a la entrada de musulmanes en EEUU"; "Un muro en la frontera con México nos ahorraría muchísimo dinero"; no pagar impuestos "me hace inteligente"; o "cuando eres una estrella, te permiten hacer lo que quieras", nos pueden sonar estridentes o alarmantes, pero son expresiones que en Europa podemos extrapolar a lo dicho por dirigentes de la Unión en relación a la crisis de refugiados, a lo que nuestros jóvenes pueden ver cada día en 'prime time' en la televisión, o al mensaje que se envía cuando vemos a corruptos que han evadido impuestos que se libran de la cárcel.

Así pues, no es de extrañar que un sistema donde el capital trata de absorber la democracia, la igualdad y la participación surjan líderes políticos como Donald Trump a quienes dirigentes como Hillay Clinton no sepa dar respuesta porque, en el fondo, no son más que el fruto transgénico de su manera de entender el poder.

Las evoluciones en política son dolorosas, se lo puedo asegurar, pero son necesarias. Particularmente son necesarias cuando se entiende la política como la verdadera arma de transformación social, como el único instrumento que tiene la gente corriente, la gente normal, de protegerse, de defender sus derechos, de sentirse miembro de una colectividad y de no enfrentarse en solitario ante el poder, como sería el deseo de los poderosos.

Por eso quienes más necesitan unos poderes públicos fuertes al servicio de la ciudadanía son las capas más desfavorecidas de la sociedad, la clase media, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores autónomos. En definitiva, todos aquellos que, en este momento, 8 de noviembre de 2016, saben que en Valencia se vive mejor ahora que hace un años. Y lo saben las 4.669 personas que se han beneficiado del fin del copago en los centros diurnos, así como las 12.482 a quienes ya no se les confiscan las pagas extra y en estas navidades podrán volver a dar el aguinaldo a sus nietos. Lo saben también los 110.000 niños y niñas beneficiados por las becas de comedor en los colegios, que ya no acaban en mayo y empiezan en octubre, sino que duran lo que dura el curso escolar. Viven mejor las 867.198 personas que han dejado de pagar el copago farmacéutico impuesto por el antiguo gobierno de Partido Popular. Personas, por cierto, en su mayoría, con diversidad funcional o pensionistas que tuvieron que abandonar su tratamiento por no poder hacer frente a este injusto copago. Viven mejor y lo saben las 320.00 alumnas y alumnos que tienen acceso a sus libros de texto sufragados por la administración valenciana. Es decir, los impuestos que todos pagamos se reparten de manera solidaria para lograr un beneficio social y de futuro. Así como también viven mejor, y lo saben las 51.000 personas en situación de dependencia y sus familias, que ahora cobran puntualmente sus prestaciones, y no con tres meses de retraso como sucedía tan lejos como el año pasado. Y también lo saben mejor los 3.080 alumnos de educación especial, cuyas familias también vivirán mejor porque sus hijos e hijas tendrán un profesional de enfermería en sus centros.

Por eso quiero volver un poco al inicio de mi intervención y terminar con un potente mensaje de esperanza. Y me gustaría hacerlo con las palabras de un poeta valenciano universal, Miguel Hernández, de cuya muerte infame en la cárcel se cumplirán el año que viene 75 años. La poesía, además de alimentar nuestro espíritu, a veces resulta profética, como esta "Canción última", que bien podría ser un resumen de lo que está sucediendo en mi país:

Pintada, no vacía:

pintada está mi casa

del color de las grandes

pasiones y desgracias.

Regresará del llanto

adonde fue llevada

con su desierta mesa

con su ruidosa cama.

Florecerán los besos

sobre las almohadas.

Y en torno de los cuerpos

elevará la sábana

su intensa enredadera

nocturna, perfumada.

El odio se amortigua

detrás de la ventana.

Será la garra suave.

Dejadme la esperanza.

He intentado trasladarles que el nuestro es un gobierno esperanzado y que genera esperanza. Una esperanza basada en el hecho de que en estos dieciséis meses de gobierno hemos introducido muchos cambios. Cambios que han mejorado mucho la vida de muchas personas. Cambios que han ampliado derechos y han garantizado el cumplimiento de los ya existentes. Cambios irreversibles, que no han mirado el regate corto de las próximas elecciones, sino el horizonte amplio de las futuras generaciones.

Pero no es suficiente. Parafraseando a Lluís Llach, "hem aprés a esperar i ho esperem tot". Hemos aprendido a esperar y lo esperamos todo. Hemos elevado nuestros sueños porque en gran medida estamos viviendo los sueños de nuestros mayores y tenemos que elevar los nuestros porque serán la realidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y nietas. Por eso, querido Ismael, nosotros vamos a seguir levantado adoquines, porque estamos seguros de que debajo de ellos hay arena de playa.

Moltes gràcies.