La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas estudia revisar los complementos retributivos de su plantilla e introducir permisos de paternidad obligatorios para tratar de combatir la desigualdad de género en el ámbito de la función pública valenciana, una situación que, entre otras consecuencias, da lugar a una importante brecha salarial entre funcionarias y funcionarios.
Tal como informo ayer Levante-EMV, el Libro Violeta de la Función Pública Valenciana que ha sido elaborado por la comisión de igualdad revela que las mujeres funcionarias ganan un 14% menos que los hombres (308 euros menos de media al año), una diferencia retributiva que se da en todos los grupos de titulación y de forma más acusada en los más altos.
El diagnóstico de este informe fue uno de los asuntos abordados ayer en las jornadas sobre la función pública valenciana organizadas por el departamento que dirige Gabriela Bravo para debatir con especialistas e interlocutores sociales el futuro del empleo público valenciano. La conselleria, que se remitió ayer a las conclusiones del Libro Violeta, tiene encima de la mesa dos propuestas para luchar contra la brecha salarial.
Una de ellas, tiene que ver con los permisos de paternidad obligatorios. Las 'sabias' (la comisión está presidida por la constitucionalista Julia Sevilla y está formada mayoritariamente por mujeres) plantean un permiso de paternidad obligatorio por nacimiento o adopción con una duración de seis semanas. Con esta medida, que se aplica en países como Suecia, se trata de avanzar desde el inicio en la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad. También se plantea que en cinco años los permisos se equiparen a las 16 semanas de las madres.
Santiago García, el vocal de la comisión que ha trabajado los datos sobre la brecha salarial, destacó el dato de que los permisos relacionados con el cuidado de menores los cogen mayoritariamente las mujeres. Cuando estas licencias no suponen recorte salarial, se anima un 30% de hombres, pero la implicación baja al 15% cuando les supone un bocado en la nómina. Las reducciones de jornada, son cosa de mujeres. «A partir de ahí toda la promoción y carrera profesional de las mujeres está condicionada», reflexiona García, que es, a su vez, profesor del departamento de Derecho de la Universitat Jaume I.
La otra cuestión clave es la que tiene que ver con los complementos retributivos. Los datos analizados demuestran que dentro de un mismo grupo de titulación los puestos mejor retribuidos son ocupados mayoritariamente por los hombres. «Se produce una pinza, explica García: «En la base hay más mujeres que hombres, pero conforme se ascienda la diferencia se estrecha porque ellos asciende en mayor proporción que ellas», añade. «Hasta en la administración más respetuosa con la igualdad de género existen resistencias, estereotipos y obstáculos que perjudican a las mujeres. Por eso, no hay que bajar la guardia», reflexiona.
El otro factor que explica la brecha salarial es el que tiene que ver con el diseño y aplicación de determinados complementos. El especialista ha detectado que pluses como el de peligrosidad y toxicidad tienen un sesgo a favor de los varones que ocupan mayoritariamente estos puestos. ¿Por qué, por ejemplo, el personal que se dedica a la limpieza no tiene un plus por toxicidad? Hay que hacer una revisión con perspectiva de género de la valoración de los riesgos», concluye García.
