La futura agencia contra el fraude y la corrupción va camino de instalarse en un inmueble cuya adquisición por parte de las Corts, hace ahora casi diez años, arroja más sombras que luces.

El Parlamento valenciano, entonces con mayoría absoluta del PP, pagó por el inmueble 800.000 euros por encima del valor de tasación, según la documentación en poder de este diario. Meses antes de la compra, el servicio de gestión inmobiliaria de la Conselleria de Hacienda valoró el edificio en 2,9 millones y la sociedad de tasaciones Tinsa en 2,8, es decir 800.000 euros por debajo de los 3,6 millones en que se cerró finalmente la transacción.

La adquisición del edificio se realizó después de su rehabilitación y con electrodomésticos de cocina incluidos a un conocido constructor en julio de 2007 y se produjo, además, con el pretexto de que el inmueble serviría para alojar a diputados provenientes de Castelló y Alicante. Ello pese a que los parlamentarios tienen acceso a una indemnización por residencia eventual y su número es muy superior a los cinco inmuebles que las Corts iban a poder ofrecer tras la compra.

Además, el hecho de que los cinco inmuebles dispongan de nevera, cocina o lavavajillas, embalados en plásticos desde hace casi una década siembra aún más dudas sobre la compra, que gestionó el expresidente de las Corts Julio de España, pero cuya firma definitiva de compra se realizó a los pocos días de acceder al cargo su sucesora, Milagrosa Martínez.

El piso propiedad de las Corts y en cuyas instalaciones la cámara quiere ubicar la futura agencia antifraude que controlará Podemos provocó ayer un conflicto en la junta de portavoces.

Malestar del PP por la visita

El PP mostró su malestar por la visita que el presidente de las Corts, Enric Morera, y el síndic de Podemos, Antonio Montiel, realizaron el pasado viernes y de la que informó este diario el sábado. Los populares solicitaron vía proposición de ley que el inmueble sin uso se destine a pisos sociales, propuesta a la que se sumó Ciudadanos que ya la presentó, de hecho, hace unos meses. El PP presentó en la junta una protesta formal porque a la visita no acudieron el resto de portavoces o representantes de los distintos partidos y acusó a Morera y a Montiel de patrimonializar el edificio y hacer un uso «político».

El presidente de las Corts ofreció las llaves a quien quiera visitar el inmueble y Montiel se justificó en que acudió casualmente porque conocía a los arquitectos que lo visitaron junto a Morera de su época en la conselleria.

Con todo, la iniciativa para destinar el inmueble a vivienda social no tendrá recorrido porque la rechazan los tres partidos que sustentan al Consell, PSPV, Compromís y Podemos, que consideran que sí puede albergar la agencia.

Además, Podemos ha pedido toda la información sobre el edificio de la calle Conde Trénor y el expediente informativo sobre cómo se adquirió el edificio, con qué finalidad, cuánto costó la intervención y qué empresas intervinieron. Mientras, el portavoz del PSPV, Manuel Mata, aseguró que el inmueble se transferirá al Gobierno valenciano y será el que decidirá para qué va a usarlo.

Bonig, por su parte, explicó que el edificio se compró en un momento de expansión, en una época económica boyante pese a que ha estado inutilizado «como tantos edificios de la Generalitat». Dijo que no hay «nada sospechoso» y que el Consell tiene otros edificios para ubicar la futura agencia contra el fraude.