En la recuperación de la memoria histórica está todo por hacer. Como advertía el historiador Paul Preston en una de sus visitas a Valencia, «las personas que más han hecho por investigar y conocer la verdad [sobre la represión franquista] son el dueño de una gasolinera en Andalucía, un cantautor de La Rioja y el propietario de un estanco en la C. Valenciana», aseguraba en referencia al historiador de Paterna Vicent Gabarda.

Unas lagunas que también han ido cubriendo los voluntarios del Grupo para la recuperación de la memoria histórica de Valencia (GRMHV) y que intentará despejar la ley de memoria democrática presentada ayer por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, impulsora del texto legal, arropada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra.

La nueva normativa, que el Consell presentará en breve para ser debatida y aprobada en las Corts, se inspira en la ley de memoria histórica estatal, aunque la supera en asuntos como las sanciones previstas para las instituciones o particulares insumisos que no acaten la retirada de símbolos franquistas y que pueden alcanzar los 150.000 euros. La ley prevé un año para eliminar los vestigios fascistas desde su entrada en vigor, como recordó ayer Bravo. Aunque, sobre todo, pretende romper el «pacto del olvido», en palabras de Preston, que aún mantiene enterrados «en 300 fosas comunes de los dos bandos a personas sin identificar», desveló la responsable de Justicia en presencia de memorialistas y familias de represaliados.

La Generalitat también creará un censo de víctimas, «inspirado en las recomendaciones del Comité de derechos humanos de la ONU», que criticó en un duro informe las trabas a la investigación de los crímenes franquistas en España. Y, sobre todo, comenzará a trabajar en la exhumación de fosas para cicatrizar heridas y, sobre todo, permitir recuperar restos o que «las familias puedan saber a dónde llevar un ramo de flores», recordaba ayer el representante del GRMHV, Matías Alonso. Una odisea inviable para muchas familias ya que una exhumación puede costar «30.000 € para realizarla con garantías». Se trata también de unificar la actual información dispersa e, incluso, investigar y reclamar patrimonio incautado durante la guerra civil. Una información que centralizará el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, con 240.000 € de presupuesto en 2017, a imagen y semejanza del Memorial Democràtic de Cataluña.