La segunda fase de declaraciones de la causa judicial del proyecto Castor ha puesto de manifiesto que la exconcesionaria (Escal UGS) realizó en la tramitación los estudios sismológicos que se le solicitó.

En su testimonio en el juzgado número 4 de Vinaròs el pasado 2 de julio, los representantes del Observatorio del Ebro, principal organismo encargado de monotorizar la actividad sísmica en la zona relativa a la planta de gas, afirmaron que Escal UGS llevó a cabo los estudios pertinentes en materia de peligrosidad sísmica.

La empresa firmó un convenio en 2007 con el Observatorio del Ebro y promovió más de 50 estudios geomecánicos y sísmicos encargados a consultoras nacionales e internacionales especializadas, entre otras, Gessal, Seofregaz, Gilbert, Lautsen & Jung Associates LTD, URS, Progremisa, Kelman Technologies, Degolyer & MacNaughton, Geostock, IFP Instituto Francés del Petróleo, Baker Hugues, Gaffney, Cline & Associates. Todos ellos tenían el fin de garantizar la máxima seguridad del proyecto atendiendo a la protección de la infraestructura ante seísmos y al estudio de la posibilidad de provocar fracturas en la roca cobertera o reapertura de fallas existentes que pudieran provocar sismicidad. La inversión en los estudios de peligrosidad sísmica alcanzó los 40 millones de euros en el periodo comprendido entre 1996 y 2010. Todos los informes se presentaron ante organismos oficiales y están a disposición de la fiscalía.

Cabe recordar que el almacenamiento subterráneo de Castor se encuentra ubicado en el área de menor grado de peligrosidad sísmica de todo el arco mediterráneo, según el catálogo oficial del Instituto Geográfico Nacional.

Asimismo, en las declaraciones de los responsables del Observatorio del Ebro, el Instituto Geográfico Nacional y e Instituto Geológico y Minero de España coinciden en desvincular la actividad de Escal UGS con cualquier tipo de «daño irreversible al medio ambiente».

La testificación el 5 de julio ante el magistrado de Vinaròs de dos peritos del Instituto Geológico y Minero de España, tal como informó este diario, también avaló la actuación de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y de Industria.