El Ministerio de Educación ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana la alternativa a las «reválidas» de tercero y sexto de Primaria aplicada por el departamento del conseller Vicent Marzà el pasado curso. Lo ha hecho interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Política Educativa del Consell que evitó que los niños de 11 años que finalizaban 6º de Primaria tuvieran que afrontar en junio un examen externo de más de 200 preguntas -el 40 % de ellas de tipo test- y otro de 125 en el caso de otros tantos escolares de 8 años que acababan tercero.
La alternativa a los dos días de pruebas realizadas por examinadores externos a cada colegio, y con un coste sólo en 6º de Primaria de 600.000 euros para la Generalitat, fue que el tutor a partir de la evaluación continuada que había realizado al niño a lo largo del curso emitiera el informe individual de las competencias adquiridas por cada alumno al finalizar la Primaria que exige la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Sin impacto académico
No obstante, la conselleria no cerró la puerta a que aquellos colegios que lo desearan sometieran a los alumnos a la evaluación final individualizada de Primaria propuesta por el ministerio. Estos exámenes, compuestos por siete pruebas, no tienen impacto académico, sino informativo y orientador para los padres y los centros donde los niños van a estudiar la ESO.
Sin embargo, fue una minoría de colegios públicos y concertados los que entre los días 7 y 17 de junio pasado, en plena evaluación final, optaron por pasar a los alumnos de sexto los exámenes con 200 preguntas facilitados por la conselleria. Según ha podido saber Levante-EMV de los 1.251 colegios públicos y concertados de la Comunitat Valenciana sólo 58 (el 4,6 %) examinó a sus escolares con el modelo del ministerio, mientras que la práctica totalidad (1.193 escuelas) prefirieron hacer el informe individualizado propuesto por la conselleria.
Estos datos son un reflejo del cuestionamiento en bloque a las pruebas diseñadas por el ministerio que expresó la comunidad docente valenciana el pasado mes de mayo. La Associació de Directors d'Infantil i Primària (Adip-PV) de la escuela pública vio «innecesario» dicho examen extraordinario, «porque la adquisición de competencias que pretende medir se hace mejor y con más profundidad en la evaluación ordinaria, donde el tutor valora el trabajo que ha hecho durante todo el curso su alumno».
También apoyó el informe individualizado propuesto por Marzà la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valenciana (UCEV). Escuelas Católicas de la C. Valenciana (Escacv), patronal que agrupa a los colegios diocesanos y de las congregaciones religiosas, aunque reclamó a la conselleria un informe jurídico sobre la legalidad de su alternativa, se sumó a las dudas sobre si la prueba extraordinaria que introduce la Lomce «es necesaria en lo pedagógico, ya que los tutores tienen bastante información de sus alumnos». Reconoció además que acometer una prueba de dos días a final de curso «es bastante complicado para los colegios y los tutores».
Tranquilidad en Campanar 32
El Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección Educativa del Estado, a principios de junio requirió a la conselleria la resolución del 25 de mayo sobre las «reválidas» y ordenó que dichas pruebas se ajustaran a la evaluación externa ordenada. Desde el departamento de Marzà aseguran que remitieron la información solicitada.
En los documentos enviados se justifica que la alternativa del Consell se ajusta a la Lomce al cumplir con el informe individualizado e incluir también la evaluación externa exigida por la ley, pues los informes los valida una comisión externa.
El conseller Marzà se mostró ayer «tranquilo» ante la denuncia del ministerio al señalar que la conselleria «siempre cumple con la legalidad vigente». Además, añadió, que «la voluntad de diálogo es la gran diferencia entre el Consell del Botànic y el Gobierno de Rajoy».
