11 de noviembre de 2016
11.11.2016
Víctimas de la guerra civil

La Memoria Democrática se estudiará en ESO y FP

La futura ley del Consell dedicará 4,4 millones para la exhumación de 300 fosas comunes

11.11.2016 | 16:30
Gabriela Bravo presenta la ley junto a Oltra.

La futura Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana incluye en su memoria económica 4,4 millones de euros para la exhumación de fosas comunes, de las que existen unas 300 en esta región, con un coste medio de exhumación de 15.000 euros por fosa.

Así lo ha manifestado hoy la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que se ha aprobado este anteproyecto de ley que busca reparar los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista y restablecer su dignidad.

Bravo ha explicado que al coste de exhumación de las fosas, que se ha fijado a partir de la opinión de expertos, habría que sumar el coste de verificación y delimitación del total de las fosas -la tarea previa a la exhumación en sí-, que se cifra en unos 3.000 euros por cada una.

Además, la consellera ha adelantado que la norma prevé que la memoria democrática forme parte del currículum de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de la Formación Profesional, si bien el contenido de esa materia y el curso al partir del cual se implantará le corresponderá determinarlo a la Conselleria de Educación.

La norma se articula en torno a tres derechos (el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la memoria democrática valenciana), además del reconocimiento público y homenaje a las víctimas.

Además, establece un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor para proceder a la eliminación de elementos contrarios a los valores democráticos, y contempla instar al Gobierno a crear una Comisión de la Verdad, al tiempo que prevé una de ámbito autonómico.

La ley, según la Generalitat, prevé la creación de un censo de víctimas público; la localización de desaparecidos, especialmente de niños y niñas durante la dictadura, y la denuncia a la autoridad judicial de la comisión de posibles delitos que se dedujeran de las localizaciones, identificaciones o hallazgos de restos que se produzcan.

Consagra el derecho de las víctimas a que se haga justicia y contempla la realización de un protocolo de puesta en conocimiento en el caso de que existiesen indicios de la comisión de delitos, y el inicio de acciones procesales en nombre de la Generalitat.

Además, se garantizará el derecho de información y asistencia a las víctimas y sus familiares, y se prevé la colaboración y seguimiento de los informes y recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales.

Para impulsar el derecho a la memoria democrática, la norma contempla que el Consell reclame los fondos documentales incautados por el franquismo y encomienda los poderes públicos la adopción de medidas para la protección de documentos y la regulación de los lugares e itinerarios de la memoria democrática.

La ley plantea promover medidas en el marco del Plan Estratégico de Memoria Democrática de la Comunitat, y declara como día de recuerdo y homenaje de las víctimas el 28 de marzo, en recuerdo del fallecimiento del poeta Miguel Hernández.

Recoge la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, y señala que se prevendrán y evitarán actos públicos que supongan un menoscabo de la dignidad de las víctimas u homenajes al franquismo.

Además, se procederá a la revisión e invalidación de todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista.

El anteproyecto de ley incluye un régimen sancionador con multas comprendidas entre los 200 y los 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción, así como la de pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria democrática por un período máximo de dos, tres o cinco años.

La norma también recoge la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, en el que se integrará el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, que cuenta con una dotación presupuestaria para su puesta en funcionamiento en 2017 de 224.000 euros.

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