Nos recibe en su nuevo despacho en la Universitat de Derecho de Valencia donde a duras penas ha podido dar acomodo a los centenares de libros y compendios jurídicos acumulados tras veinte años en el Jurídic. El dos de septiembre expiró su mandato y quedó en espera del acuerdo político para la renovación completa del organismo. Presidencia, sin embargo, decidió no esperar al pacto y aceleró su marcha.
Al final lo suyo ha sonado a destitución ¿Está dolido?
Me siento dolido por el daño que se ha hecho a la institución. En las otras dos ocasiones, los seis miembros tomaron posesión al mismo tiempo y es como se tiene que hacer porque los consejeros tienen que tener el mismo mandato. Se ha hecho de forma precipitada e inexplicable. Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también con lo que con ellas se hace y ahora no se ha hecho bien.
¿Precipitó su salida el enfado de la vicepresidenta Oltra por el dictamen contra ley de diversidad sexual ?
El dictamen salió del consejo y ni siquiera fui ponente, no fue una cosa mía. Lo discutieron el letrado y la ponente y nos pareció bien en el pleno. Se hicieron observaciones como siempre se hacen. El CJC es un órgano de control, que está para advertir y colaborar. Lo que queremos es que el gobierno lo haga bien, que acierte. Con todos los gobiernos lo hemos hecho así. Y si alguien se molesta porque le ponemos observaciones, es su problema..
¿Cuál es su balance?
Fue una gran responsabilidad participar en la creación del Jurídic. Me preocupaba que fuera una institución con prestigio dentro y fuera de la Comunitat. Y creo que lo hemos conseguido. Está más reconocida fuera porque dentro siempre hay un politiqueo que trata de desprestigiar a las personas y lo que hace es desprestigiar la institución.
Ciudadanos quiere suprimir el CJC...
A Carolina Punset cuando vino a verme le dije que hablara con Albert Rivera y se pusiera de acuerdo con él porque él nunca ha pedido la supresión de dos consejos consultivos que tienen en Cataluña ni el de Andalucía, donde gobiernan.
¿Teme por el futuro del CJC?
No. Es una institución que se ha consolidado y sé que PSOE y PP quieren mantenerla. Desconozco la posición de otros partidos. Cuando la vicepresidenta Mónica Oltra tomó posesión después del verano de 2015 la llamé para sentarme con ella porque al presidir la reunión de subsecretarios había interés en coordinar acciones conjuntas. Hasta hoy. Con el presidente Puig sí he hablado muchas veces.
¿Qué ocurriría si el CJC desapareciera?
Muchas normas deberían consultarse al Consejo de Estado, lo que sería una afectación negativa a la autonomía política. Este tipo de instituciones tiene que tener cierta distancia de los gobiernos para no perder la independencia, pero no un distanciamiento. Debe haber relación cordial y proximidad para cuando algo es importante o cuando llama un conseller o un alcalde buscando solución a un problema. Si el órgano está lejano, no conoce a nadie. Y se perdería una labor profiláctica, callada, de conducir a la administración sobre cómo tramitar un expediente.
¿Cómo garantiza su independencia un órgano cuyos miembros son eligidos por políticos y cuyo presupuesto depende del Gobierno al que controla?
¿Y quién tendría que elegir a sus miembros? ¿Por sorteo? No, creo que deben ser los órganos con legitimidad democrática, como el Consell y las Corts. Un rasgo de la independencia es la inamovilidad. Y para ser miembro hace falta requisitos. No puede ir cualquier mindundi, sino gente con prestigio en el mundo del Derecho o expertos en asuntos de estado autonómico. Los juristas de reconocido prestigio son difíciles de doblegar, difícilmente están al dictado del gobierno.
¿Se ha sentido presionado por el Gobierno en alguna ocasión?
He estado con cinco presidentes y jamás me he sentido presionado. Ni lo han intentado, ni habrían conseguido nada.
Muchas de las últimas leyes del tripartito se están impulsado desde las Corts y eso evita la consulta al Jurídic ¿Debería hacerse?
Algunos consejos consultivos lo hacen. Y sería bueno que se dictaminaran estas leyes, si no todas, sí algunas. He leído las últimas leyes que se han publicado en el DOGV. Una es la ley de senadores, creo que es inconstitucional. El Jurídic habría hecho una observación porque no se puede revocar a un senador, contradice la Constitución. Otra es la de incompatibilidades de altos cargos. He leído incongruencias como el régimen sancionador que contempla hasta la privación del cobro de la pensión. Esto es inconstitucional. Con estas leyes me echaba las manos a la cabeza. Si hubieran pasado por las manos del Jurídic, se habría avisado de que no se podía hacer.
Sobre la ley de RTVV el Consell pidió opinión, pero luego el tripartito la aprobó sin hacer caso al dictamen...
El Consell albergaba dudas de si la disposición novena [la referida a los extrabajadores] era constitucional. Y le dijimos que no. Otra cosa es lo que pasó en las Corts.
Bajo su presidencia hubo dictámenes controvertidos como el de la definición del valenciano de la Acadèmia de la Llengua ¿Cuánta política hubo en este dictamen?
Muchas veces se critican los dictámenes sin leerlos. Se decía que el valenciano es lo que la AVL dice que es, pero también que la ley de creación le atribuye la función de velar por el uso normal y defender su entidad y denominación.
Hubo académicos que vinieron a verme y les dije: esto es más sencillo, ¿por qué no decís que el valenciano es el idioma oficial de la C. Valenciana? ¿Por qué meternos en ese berenjenal de que el valenciano es catalán? Dejemos eso para los filólogos.
También trajo cola el dictamen que salvaba al Ayuntamiento de Valencian de la obligación de retirar símbolos franquistas...
Pasa lo mismo. Ese dictamen fue muy criticado por las personas vinculadas a las asociaciones de la memoria histórica, pero posiblemente no lo leyeron bien. La ley de memoria histórica dice que hay que retirar símbolos que supongan una exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura y entre esos símbolos se incluía el escudo del águila. Ese escudo estuvo vigente en España hasta 1980. Además no es franquista. Es el Águila de San Juan del escudo de los Reyes Católicos. También hay mucha incultura. ¿Hasta qué punto es exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura si estuvo vigente en España? Si molesta, que lo quiten, pero fue un dictamen jurídico.
¿Cuál fue su dictamen más complicado políticamente hablando?
El de la reforma de la ley de cajas de ahorro. Había mucha expectación. Hicimos observaciones esenciales que no cayeron muy bien al gobierno de Zaplana, pero se aceptaron. Y luego, el recurso de inconstitucionalidad sobre el estatuto de Andalucía porque advertimos que estaba fuera de plazo.
Ustedes avalaron ese recurso y el Constitucional lo tumbó de forma estrepitosa. ¿Evidencia que el Jurídic no es infalible?
Dijimos lo mismo que con la cláusula inversora del Estatuto de Cataluña. El tribunal debió declararla inconstitucional, pero sí dijo que no servía para nada, que era inútil. Había base suficiente para el recurso. Andalucía copió la cláusula y la Comunitat también, pero no sirve para nada.
Lo mismo ha ocurrido con el recurso del actual Consell sobre la infrafinanciación...
Evidentemente, no es infalible, pero si se considera que un recurso está fundamentado, aunque no veamos claro que vaya a prosperar, el informe es favorable. En este último caso, además, lo mejoramos mucho, aunque sottovoce sabíamos que no iba a prosperar. Yo lo sabía, pero decirle al gobierno que no cuando políticamente tiene la firme decisión, sería desairarlo. Cumplía requisitos, había legitimación y no decía tonterías muy gordas.
A Camps le advirtieron sobre las leyes de derecho foral...
Dijimos que no teníamos competencias. Desgraciadamente, porque soy un firme defensor de la competencia en materia de derecho civil. Y advertíamos de que iba a pasar. Ahí estaba muy claro. Las entidades pueden montar actos para recabar adhesiones, pero jurídicamente no se puede. Siempre defendí que hay que pedir la transferencia. Parece que ahora se lo están planteando.
Y a Fabra le pararon su proyecto para adelgazar organismos.
Era muy problemático desde el punto de vista jurídico. Uno no puede desmantelar una institución hasta que no acabe el mandato de los miembros. Fui a hablar con Fabra y le dije que era imposible que el CJC funcionara con menos miembros dado el volumen de trabajo. El CJC no es un cuño que se pone, es un colaborador necesario, un cómplice.
¿Sigue manteniendo que las diputaciones son prescindibles?
Es público y notorio que soy antiprovincianista y antidiputación. Y no quiero molestar a nadie. En un estado autonómico sobra el nivel provincial. Sé que prestan un gran servicio a los ayuntamientos, pero con una potente conselleria de administración territorial sobraría ese nivel absurdo e incómodo que influye negativamente en el fortalecimiento de la identidad de los valencianos como pueblo.
¿Sirve para algo la reforma estatutaria en marcha? ¿Reformaría algo más para avanzar en el autogobierno?
No sirve de nada la que está en marcha y no veo la necesidad imperiosa de reformar nada.
¿Cuánto se ha mordido la lengua estos años?
Mucho, por respeto a la institución y para mantener la imagen de neutralidad. Me he autocensurado y por eso no he opinado de muchas cosas, sobre todo de política.
¿Lo hará a partir de ahora?
Sí, ¿por qué no?
¿Se lleva a casa secretos?
Alguno que otro, a veces te consultan cosas bajo mano, todos los gobiernos, incluido este.
¿Que consejo le daría a quien le suceda?
Que tenga sentido institucional, que preserve el prestigio y que trabaje sin aliento. Si es Margarita Soler me quedo muy tranquilo, sé que lo hará excepcionalmente bien. Al Jurídic no se va a hacer política y se trabaja todos los días.
