15 de noviembre de 2016
15.11.2016
Urbanismo

Los agentes privados no podrán decidir qué suelo es urbanizable en la nueva ley

El Consell devuelve a los ayuntamientos la competencia en exclusiva en el borrador del futuro texto legal

15.11.2016 | 08:07

La modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que prepara la Generalitat Valenciana refuerza la gestión directa del suelo en manos de los ayuntamientos y hace desaparecer la posibilidad de reclasificar de no urbanizables a urbanizables a iniciativa de los particulares, ya sean propietarios o agentes urbanizadores.

La medida forma parte de las propuestas realizadas por los profesionales de «Espai Territori», un grupo «diverso y multidisciplinar» formado por 17 expertos que en los últimos nueve meses ha estado asesorando a la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio «en el análisis del urbanismo vigente con objeto de fijar criterios y soluciones a la situación actual», aseguró la consellera María José Salvador.

«Hemos eliminado la posibilidad que existía de que a través de la iniciativa privada se pudiera promover la reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable de modo que la iniciativa y la promoción privada al final podía decidir el modelo de ciudad y eso no se podía seguir permitiendo».

La medida, según María José Salvador, aportará «mayor seguridad jurídica a los inversores y, además, se conseguirá que la administración decida el diseño de ciudad que quiere».

La consellera anunció ayer que el grupo habría planteado también diversas opciones para reducir los efectos de «un modelo urbanístico basado en la especulación, que han dejado el territorio plagado de los llamados PAI fantasma».

Los expertos han propuesto dos soluciones o fórmulas para dar una «·solución» legal a estos PAI, paralizados desde 2008. Así, para los los que están paralizados o en suspensión pero tienen una posibilidad de desarrollarse, se plantea que reduzcan su extensión y se dividan en unidades de ejecución que sean viables mientras se les concede un plazo de diez años para desarrollarlos.

«Para los que tienen un carácter más antieconómico, mayor dificultad y no encajan en el modelo de territorio actual se ha planteado la reparcelación inversa para reducir las cargas urbanas y fiscales a los propietarios», avanzó Rubert.

«Un paso valiente»

El director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando, que coordinó el encuentro junto a la consellera y el secretario autonómico Josep Vicent Boira, recordó que el estallido de la burbuja urbanística ha dejado a cientos de personas con «expectativas» de que su antiguo bancal es ahora un solar «y ha pagado la urbanización con suelo o su dinero, paga impuestos como si fuera urbano, pero pasan los años, en lo que era suyo no hay más que campos abandonados, los ayuntamientos no recuperan ese suelo porque tampoco tienen dinero o interés en desarrollarlo y la situación se vuelve cada vez más insostenible».

«En definitiva –destacó la consellera– damos un paso adelante ante el inmovilismo del anterior Gobierno que es, además, el responsable de la actual situación.

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