Cada mes hay dos o tres personas de media que contactan con la Associació Dret a Morir Dignament de la Comunitat Valenciana. Les piden ayuda para terminar con su vida de una manera incruenta. Ya no quieren vivir más. La mayoría sufre enfermedades neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o problemas de salud muy graves y con pronóstico de evolución pésimo. Solicitan asistencia para morir. Pero la asociación, que se siente en el «punto de mira» judicial, les advierte de que no van a darles ayuda hasta el final por cuestiones legales. En cambio, si pasan más de tres meses y comprueban la persistencia del solicitante en esta trascendental decisión, sí que les facilitan una guía con consejos para la muerte voluntaria bajo su entera responsabilidad, según explica Javier Velasco, presidente valenciano de la asociación.
Ayer se puso de relieve esta cuestión en una mesa redonda celebrada en el Centre Cultural La Nau bajo el título «Marco legal y marco ético del derecho a morir con dignidad», con presencia del juez Joaquim Bosch y el médico Luis Montes.
Mientras la Conselleria de Sanidad está preparando un borrador de Ley sobre Cuidados al final de la vida para proporcionar una muerte digna (se prevé que esté listo a final de año), la Associació Dret a Morir Dignament reclama un cambio profundo. «A la muerte hay que mirarla a los ojos y a veces hay que permitirla y ayudarla, y no encarnizarse con los cuidados intensivos y toda la tecnología médica para forzar su retraso si no es el deseo del paciente», pide Javier Velasco.
En España, tanto la eutanasia como el suicidio asistido están penalizados por el artículo 143 del Código Penal. «Pero hay matices, estadios intermedios, y debe trabajarse en esa línea», reclama Velasco. También pide que se divulgue más la posibilidad de firmar el testamento vital de Voluntades Anticipadas, con el fin de asegurar el deseo de una persona cuando haya perdido la capacidad para expresar su voluntad respecto a los cuidados y el tratamiento de salud que quiere recibir, así como el destino de su cuerpo o de los órganos.
Sólo un total de 20.828 valencianos han firmado este documento. La mayoría (9.309) tiene más de 65 años. Hay 6.410 de 51 a 65; 4.414 de entre 31 y 50; 690 de 18 a 30; y cinco menores de 18 años.