José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y de Bancaja, ha vuelto a defender su inocencia en el último día del juicio que se ha seguido contra él por presunto fraude fiscal, en relación con una operación de asesoramiento al empresario Vicente Cotino por la que cobró 580.000 euros, y ha lamentado que antes y durante la vista se hayan vertido «insinuaciones maliciosas con una estrategia clarísima: sentarme en el banquillo» de los acusados. Olivas, también imputado en otras cuatro causas en la Audiencia Nacional por su ruinosa gestión en Bankia y el Banco de Valencia, ha utilizado así la última palabra que le ha dado la jueza que le juzga en un procedimiento en Valencia en el que la Fiscalía solicita una pena de prisión de tres años para él, y de otros tres para Cotino, por un delito de fraude fiscal y de falsedad documental. Asimismo, se les reclama el pago de una multa de 202.700 euros.

La Abogacía del Estado solicita dos años y medio de cárcel para ambos y para la mujer de Olivas al considerar estos delitos como continuados, tal y como ha reproducido en sus conclusiones definitivas. Ambas acusaciones han hecho durísimos alegatos contra los tres investigados. La fiscal de la causa se preguntó, sobre los cargos que ostentaba Olivas cuando hizo las gestiones para Cotino: «No sé hasta qué punto es ético que Olivas, miembro de Iberdrola, mediase para que esta empresa pagara más por una acciones de Bancaja, de la que era presidente». El abogado del Estado incluso fue más allá: «Merece un reproche ético la actitud de Olivas por representar a todas las partes, a compradores y vendedores en la misma operación. Su posición queda bastante en entredicho», subrayó. Ambas acusaciones consideran que los trabajos por los que Olivas cobró 580.000 euros nunca existieron.

Por su parte, las defensas insistieron en que los trabajos se hicieron, se abonaron, y en que no hubo irregularidades. El letrado de Cotino defendió que «Sedesa pagó por una gestión realizada exclusivamente por Olivas en beneficio de Sedesa. El trabajo se hizo, el servicio se prestó, es deducible y no hay defraudación». El abogado de Olivas subrayó que «no se puede negar su intervención» y lamentó las «injurias» contra él. «No es justo ni se debe admitir en un procedimiento penal», apostilló.