19 de noviembre de 2016
19.11.2016

La batalla por el control de la empresa dinamita la nueva Imelsa

Rodríguez aparta al director jurídico tras dudas por varios contratos y los informes críticos con el gerente

19.11.2016 | 00:58

Divalterra, el nuevo nombre de la vieja Imelsa, uno de los grandes ejes de la corrupción en la etapa del PP en la Diputación de Valencia, ha entrado en erupción. La tensión latente entre uno de los gerentes, Víctor Sahuquillo „socialista, designado para el puesto en febrero por el presidente de la corporación, Jorge Rodríguez„, y parte de la cúpula de la entidad pública ha estallado esta semana, tras un consejo de administración relleno de sorpresas que ya ha dejado secuelas.

Empezando por el final, el último episodio se vivió al mediodía de ayer. El director jurídico, José Luis Vera, queda apartado de sus funciones temporalmente. Fue la reacción de presidencia de la corporación provincial a la información publicada ayer por El Mundo («La diputación pagó a la abogada del ex número tres del PSPV»).

La letrada es Emma Ramón, a quien Imelsa entregó tres contratos en 2015 por valor total de unos 90.000 euros. Dos de ellos son menores, los firmó el gerente que precedió a Sahuquillo, José Ramón Tíller, y hacen referencia a la representación de la empresa en sendas causas por estafa y malversación en juzgados de instrucción distintos. El tercero es de 60.000 euros, lo obtuvo tras un procedimiento negociado en el que se pidió oferta a tres despachos, según las fuentes consultadas de la entidad, y el objeto era la asesoría en la personación en el caso Taula. Recientemente, como adelantó Levante-EMV, el juzgado de instrucción 18 de Valencia, el encargado del grueso de la investigación, admitía a Divalterra como acusación particular.

El ex número tres del PSPV es el también exalcalde de Gandia José Manuel Orengo y considerado hombre próximo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Orengo aseguró ayer a este diario que Ramón nunca le ha asistido en un proceso. Puede haber figurado, no descartó, en alguna lista de abogados a los que ha dado poderes frente a alguna demanda.

Ramón, agregó Orengo, sí ejerce para una concejala de Gandia (Ana García). De ahí que el nombre de la letrada pueda aparecer en algún auto por denuncias que implican a varios exediles.

Quien le representa en Taula y en otros procedimientos, insistió el exalcalde, es el penalista Virgilio Latorre, quien durante años llevó los grandes casos de corrupción para el PSOE „abandonó por los impagos„ y del que Vera fue socio (rompieron hace unos años).

Se da la circunstancia de que Ramón y Latorre comparten domicilio profesional en Valencia y teléfono, de acuerdo con los directorios de la abogacía.

Sahuquillo afirmó ayer desconocer estos contratos, porque son de la época anterior a él. Fuentes de la empresa subrayaron que se analizaron en la auditoría externa de 2015 sin dar lugar a reparos.

El precedente inmediato a la decisión de ayer fue la reunión del consejo de administración de Divalterra de esta semana. Una de las patatas calientes ese día fue una auditoría interna que recoge varias irregularidades en la acción del gerente. Se trata de «incidencias subsanables», según este, que niega además algunas de ellas.

El documento detalla fundamentalmente hechos que la inspección externa ya había puesto de relieve, como fraccionamiento de contratos, y asume el contenido de cuatro informes de Vera sobre distintas decisiones del gerente cuestionadas por él: los contratos para la nueva marca y una campaña de publicidad, un convenio universitario y un cambio en el tribunal de una contratación.

La forma final de la auditoría y su exposición en el consejo levantó ampollas durante la reunión, en la que también debía aprobarse la propuesta de Vera para la convocatoria de un concurso que podía alcanzar más del medio millón de euros para representar a la entidad pública en Taula durante un máximo de seis años.

La elevada cuantía del contrato y el hecho de que se previeran 10 puntos para la oferta económica y 90 para la valoración del proyecto técnico provocaron el rechazo de varios consejeros „la diputada de EU Rosa Pérez fue la más beligerante„ y la decisión, bendecida por el presidente de la diputación, de aplazar su posible aprobación.

Los hechos posteriores están contados. Son el desenlace de una tensión in crescendo, rota la paz inicial entre Tíller (propuesto por Orengo para el cargo), Vera y la gerente por Compromís, Agustina Brines. Queda por comprobar si tendrán consecuencias sobre la personación en Taula.

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